En el estado natal del expresidente Andrés Manuel López Obrador, el fracaso de su política de seguridad y la inacción de altos mandos militares dejó una crisis que apenas empieza a contenerse bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum y la dirección operativa de Omar García Harfuch.

Tabasco - El edén se ha convertido en un espejo de los errores más profundos del sexenio anterior. La entidad que vio nacer a Andrés Manuel López Obrador se transformó en símbolo de impunidad, violencia y complicidades, especialmente entre las estructuras del poder estatal y grupos criminales. La herencia para el actual gobierno fue una situación insostenible que estalló a finales de 2023 con balaceras, bloqueos, incendios y asesinatos.

El relevo de mandos ha sido contundente. El nuevo diseño de seguridad implementado por el equipo de Claudia Sheinbaum y el gobernador Javier May ha desplazado a figuras vinculadas al lopezobradorismo más férreo, como Adán Augusto López, y ha puesto al frente a funcionarios de confianza de Omar García Harfuch. Esta ruptura con el pasado se acompaña de resultados que apuntan a una recuperación: más de 540 detenidos, entre ellos presuntos líderes criminales como El Peje, El lic. Tomasín y El Guasón, así como la desarticulación de centros ilegales de comunicación utilizados por bandas organizadas.

El dato más revelador es la reducción del 41% en homicidios dolosos en el estado y de 65% en el municipio de Centro, que abarca Villahermosa. La cifra contrasta drásticamente con el discurso del expresidente, quien en enero de 2024 minimizó la crisis y acusó a los medios de “manipular” los hechos. Lo hizo, irónicamente, justo cuando Tabasco ardía entre balaceras, saqueos y ejecuciones, con evidencia visible en las calles y documentada por medios nacionales e internacionales.

El punto de quiebre ocurrió el 22 de diciembre de 2023, cuando una balacera en la casa del entonces secretario estatal de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena, dejó al descubierto la fractura del grupo delictivo La Barredora, liderado —según autoridades— por el propio funcionario. Dos semanas después, tras nuevos brotes de violencia, Bermúdez abandonó el cargo. Su lugar fue ocupado por el general Víctor Hugo Chávez Martínez, designado por Audomaro Martínez, hombre cercano a López Obrador. El resultado fue nulo.

En febrero de 2025, el militar fue sustituido por Serafín Tadeo Lazcano, policía de carrera y parte del equipo de Harfuch. Este movimiento marcó el verdadero cambio. Con él, Tabasco entró en una fase de contención que, aunque insuficiente, empieza a revertir la inercia de complicidad y desidia.

El presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, Jorge Bracamonte Hernández, reconoce que la combinación entre fuerzas federales y estatales ha comenzado a rendir frutos. El despliegue de la Fuerza Interinstitucional Olmeca —con elementos del Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y la FGR— ha logrado golpes quirúrgicos contra bandas criminales.

Especialistas como Miguel Ángel Valdivia advierten que el problema no está resuelto, pero sí contenido. Para él, el principal logro ha sido romper la inercia de brazos caídos frente al crimen. Las nuevas autoridades —dice— ya no están al servicio de los delincuentes, aunque la reconstrucción institucional requerirá inversión, profesionalismo y tiempo.

Tabasco ha dejado de ser intocable. Lo que alguna vez fue el edén político de López Obrador, hoy representa el ejemplo más claro de que, cuando se abandonan los afectos y se ejerce el poder con decisión, es posible contener al crimen. Pero también deja en claro que el experimento de seguridad de la 4T, en su tierra más simbólica, fracasó rotundamente.