La prolongada sequía en la cuenca del río Bravo amenaza el equilibrio entre compromisos internacionales y las necesidades hídricas nacionales, mientras Donald Trump presiona con nuevos aranceles.
Mexconomy - La cuenca del río Bravo, vital para el suministro de agua entre México y Estados Unidos bajo el tratado de 1944, atraviesa una crisis que ya no es meramente ambiental: se ha convertido en un factor de presión económica y geopolítica.
Desde julio de 2019, el territorio que abarca 134 municipios ha padecido una sequía ininterrumpida que ya suma 68 meses, con episodios extremos durante más de la mitad de ese tiempo. A nivel climático, la situación representa un nuevo récord de estrés hídrico, pero también abre la puerta a sanciones comerciales por parte del gobierno de Donald Trump, que acusa a México de retener agua “ilegalmente”.
El punto crítico se registró el pasado 28 de febrero, cuando la sequía superó el umbral de sequía excepcional, la categoría más severa. No se observaba un fenómeno de esta magnitud desde 2012. El gobierno estadounidense, en voz del presidente Trump, ha convertido el problema en un arma política: amenazó con imponer aranceles adicionales a México si el país no cumple con la entrega pactada de agua, especialmente aquella destinada al estado de Texas.
Más allá de la retórica política, el trasfondo económico del conflicto es complejo. El agua del río Bravo es esencial no sólo para consumo humano, sino para actividades agrícolas y ganaderas en ambos lados de la frontera. El incumplimiento de cuotas podría traducirse en litigios, represalias comerciales y distorsiones en sectores productivos que dependen del recurso. El tratado de 1944, que establece la distribución del agua en ciclos de cinco años, no contempla de forma suficiente escenarios de emergencia climática como el actual, donde el estrés hídrico se ha vuelto constante.
Según datos de la Conagua, entre 2003 y 2025 se han registrado seis grandes periodos de sequía en México, uno de ellos —entre 2018 y 2021— con duración de 43 meses. Desde marzo de 2022 se vive un nuevo episodio, con su punto máximo en junio de 2024. De acuerdo con el subgerente de Regulación Técnica del organismo, Dante Hernández, el fenómeno no se debe únicamente a la falta de lluvias, sino a la degradación ambiental y la pérdida de capacidad de escurrimiento en los ríos.
La presión de Washington ocurre en un contexto donde el agua ha adquirido una dimensión económica estratégica. El gobierno mexicano enfrenta la disyuntiva de atender sus compromisos internacionales o priorizar el abasto nacional, especialmente en zonas con fuerte presión demográfica como Nuevo León. Legisladores del PRI y PAN han exigido al gobernador Samuel García oponerse al uso del agua de la presa El Cuchillo para cumplir con los pagos al vecino del norte.
“El agua de Nuevo León no se toca”, sentenció el diputado Javier Caballero, reflejando el creciente descontento en regiones donde la escasez ha sido crítica. La amenaza de repetir una crisis hídrica como la de 2022-2023, que paralizó la actividad económica y provocó conflictos sociales, es un escenario que ningún gobierno estatal quiere revivir.
La sequía del río Bravo pone en jaque la lógica del tratado bilateral. Mientras el cambio climático recrudece la irregularidad de las lluvias y modifica los ciclos hidrológicos, el instrumento legal que rige la distribución de agua entre México y EE.UU. permanece inmutable. En el corto plazo, las consecuencias podrían sentirse en las exportaciones, el precio de productos agrícolas y las finanzas estatales de entidades como Nuevo León yb Coahuila, mientras que a largo plazo, se plantea una pregunta urgente: ¿cuánto más puede aguantar la economía mexicana sosteniendo compromisos internacionales sin garantías de sostenibilidad hídrica?
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