El Senado mexicano dio luz verde a denominar Premio Nacional de Economía “Ifigenia Martínez” a una distinción oficial, mientras aprueba reformas que, aunque necesarias, no desarticulan las estructuras que reproducen desigualdad, exclusión, clientelismo electoral y dependencia.
Mexconomy - En una sesión revestida de consenso, la Comisión de Estudios Legislativos, presidida por Enrique Inzunza Cázarez, aprobó por unanimidad un paquete de reformas que incluyen homenajes, ajustes conceptuales y definiciones legales en diversos frentes, sin alterar las raíces profundas de las problemáticas nacionales.
Destaca la iniciativa para bautizar con el nombre de Ifigenia Martínez al Premio Nacional de Economía. El acto, presentado como un reconocimiento al legado de la exsenadora, también funciona como símbolo: premiar a quienes, desde la economía, nutren al sistema sin desestabilizarlo. ¿Es un estímulo al pensamiento crítico o una condecoración para quienes caminan en los márgenes permitidos?
En paralelo, se modificó la Ley de Vivienda para sustituir el término “vivienda adecuada” por “vivienda digna y decorosa”. Aunque la intención apunta a una definición más amplia, la reforma permanece en el terreno de la semántica si no se acompaña de transformaciones estructurales en acceso, financiamiento y planeación urbana.
También se aprobó un dictamen para integrar el concepto de corresponsabilidad educativa en la Ley General de Educación, promoviendo la participación de autoridades municipales. La propuesta intenta repartir tareas sin cuestionar los límites presupuestales y políticos que encorsetan a los municipios más rezagados.
En lo que concierne a la política marítima, se reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para que la Secretaría de Marina encabece la coordinación interinstitucional. Aunque parece un avance en gobernanza, consolida el enfoque centralizado de control sobre los mares, sin abrir espacio al debate sobre soberanía ambiental o pesca comunitaria.
Otras reformas, como la definición de “cinturones verdes”, el impulso a energías renovables en alumbrado público, el fortalecimiento del Sistema Nacional de Movilidad y la participación de la Guardia Nacional en tareas de inspección, fueron aprobadas sin oposición visible, en un clima de trámite más que de transformación.
Las reformas, necesarias en muchos casos, refuerzan la narrativa de un Estado que gestiona, regula y reconoce, pero que rara vez cuestiona. El premio a la economía “aceptable” y los ajustes técnicos no sustituyen el debate urgente sobre cómo se produce y distribuye la riqueza y los recursos públicos en el país.
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