“La prensa debe ser no sólo un propagandista y un agitador, sino también un organizador del pueblo."Vladímir Ilich Lenin – fundador del régimen soviético.
Se trata de convertir los medios en herramientas del poder, no en contrapesos al poder. Detrás de la retórica de justicia social y soberanía informativa, los promotores de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión están instalando un aparato jurídico para consolidar un Estado autoritario. Hablan de libertad, pero legislan para controlar. Se dicen transformadores, pero repiten los vicios de siempre con una eficacia inédita.
Las palabras de la senadora Lizeth Sánchez García (PT) ilustran de forma clara esta disonancia: “La televisión, la radio, la prensa, las redes sociales, tienen un poder inmenso… el Estado tiene la obligación de actuar cuando ese poder se utiliza para sembrar odio o dividir al pueblo”. El problema no es la frase en sí, sino su contexto. El verdadero objetivo de esta narrativa es legitimar el control estatal sobre los contenidos digitales en nombre de la cohesión social, mientras acumulan poder sin resolver las obligaciones básicas del Estado.
Lizeth Sánchez no es una novata. Ha manejado programas sociales en Puebla como funcionaria y forma parte de una generación de políticos que, escudándose en una supuesta izquierda social, no han erradicado ni únàpice de temas como la corrupción, ni mejorado la rendición de cuentas en el estado o en municipios, ni mucho menos garantizado bienestar. En cambio, han profundizado la impunidad y consolidado redes de poder que usan a la política sin consecuencias.
Los promotores de esta ley se presentan como víctimas de una injerencia extranjera que nunca logran probar, mientras atacan con precisión quirúrgica las libertades digitales internas. Se dicen humanistas, pero legislan mecanismos para silenciar al disidente. Se visten de pueblo, pero gobiernan desde las cúpulas de un sistema opaco, clientelar y cada vez más cerrado al escrutinio.
El rostro más claro de esta contradicción es la forma en que quienes han fracasado en garantizar seguridad, salud y educación, ahora se declaran capaces de regular el contenido que los mexicanos ven, escuchan o comparten en internet. No lo hacen por el bien común, sino por su permanencia en el poder. No buscan cohesión social, sino uniformidad ideológica. No defienden derechos humanos, los manipulan para justificar su avanzada autoritaria.
La llamada Cuarta Transformación prometía democracia, justicia y transparencia. Pero hoy sus principales portavoces legislan como si fueran burócratas del viejo régimen soviético, disfrazados con banderas tricolores y discursos de autodeterminación. Este no es el rostro del cambio. Es el rostro de la regresión.
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