Mientras las autoridades estatales exigen impecables condiciones mecánicas a los vehículos de ciudadanos, las calles de Puebla se caen a pedazos. La verificación vehicular ha dejado de ser un instrumento ambiental para convertirse en un símbolo de doble moral y corrupción público-privada.
Puebla de Zaragoza, Pue.- En Puebla, la realidad supera la ironía. Un conductor de un auto prácticamente nuevo, fue impedido de cumplir con la verificación vehicular debido a un detalle menor: un “gordito” en una llanta. Esta anécdota, lejos de ser un caso aislado, ha desatado la indignación de cientos de automovilistas que observan cómo se les exige lo que el propio gobierno no está dispuesto a garantizar: condiciones óptimas de circulación.
La ciudad está inundada de baches, vialidades destruidas, banquetas rotas y señalización deficiente. Sin embargo, las autoridades exigen a los ciudadanos un nivel de cumplimiento técnico rayando en el absurdo. La Verificación Vehicular —concebida originalmente como una medida de control ambiental— se ha transformado en un trámite punitivo, ajeno a la realidad del entorno.
Mientras se revisa con lupa cada llanta y cada emisión, los conductores deben maniobrar en calles que parecen zonas de guerra. No es exageración: la falta de mantenimiento vial no solo daña vehículos, también pone en riesgo la seguridad de peatones, ciclistas y automovilistas. Gente ha muerto en Puebla por las deplorables condiciones de las vialidades públicas. Esta contradicción no solo es molesta, es estructuralmente injusta.
Las quejas se multiplican. A la verificación se suman fotomultas indiscriminadas, un creciente número de parquímetros en zonas sin consulta o con rechazo ciudadano, y la amenaza constante de nuevas sanciones que parecen diseñadas más para “recaudar” que para mejorar la movilidad.
Todo indica que el ciudadano poblano está atrapado en un sistema que lo castiga mientras tolera —y en ocasiones celebra— la ineficiencia gubernamental. La fiscalización vehicular está totalmente disociada de la responsabilidad pública. No hay transparencia en el uso de los recursos obtenidos por multas, ni plan integral para atender el colapso vial.
Se exige responsabilidad individual en un contexto de negligencia institucional. Lo que callamos los poblanos no es solo la rabia por no pasar una verificación, es la frustración acumulada de vivir en una ciudad donde la autoridad no da el ejemplo y donde cada trámite se vuelve un castigo.
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