La nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, impulsada por el Gobierno federal, amenaza con socavar compromisos internacionales, abrir la puerta a bloqueos digitales sin control judicial y desmantelar la autonomía de los reguladores en telecomunicaciones.
CDMX - La propuesta de Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LMTR) ha encendido alarmas entre diversas fuerzas políticas, analistas y defensores del orden constitucional, debido a los efectos que tendría sobre el T-MEC, las plataformas digitales y la autonomía de los órganos reguladores.
Uno de los señalamientos más graves proviene del Partido Acción Nacional, que advirtió que la ley podría vulnerar el Artículo 18.17 del T-MEC, el cual exige que cada país cuente con una autoridad independiente para aplicar regulación asimétrica a proveedores preponderantes. La nueva legislación suprime esa independencia al eliminar al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y reemplazarlo por una Agencia bajo control directo del Ejecutivo.
El Partido Revolucionario Institucional, por su parte, centró su crítica en el Artículo 109 de la LMTR, que permitiría a la nueva Agencia bloquear temporalmente plataformas digitales sin necesidad de mandato judicial. Según el coordinador priista Manuel Añorve, este artículo otorga al Ejecutivo un poder discrecional para suspender servicios digitales como Netflix o Uber, lo que establece un precedente autoritario en el control de la información y servicios digitales.
El Movimiento Ciudadano también apuntó al desmantelamiento del marco de autonomía regulatoria establecido en la Constitución tras la reforma de 2013. Mientras que la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) consagra la independencia del IFT en sus artículos 7 a 10, la LMTR entrega su reemplazo, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, al Ejecutivo, eliminando toda separación de poderes en la materia.
La nueva ley no solo reconfigura la estructura del regulador, también modifica el régimen de concesiones. Aunque incorpora avances como la inclusión de concesiones sociales comunitarias, indígenas y afromexicanas, lo hace a costa de concentrar la facultad de otorgarlas en el Ejecutivo, incluso sin licitación en supuestos de “interés público” o “inclusión digital”. Esta disposición abre un flanco opaco para la discrecionalidad política en el reparto del espectro.
En febrero, el vicecoordinador de Morena Alfonso Ramírez Cuéllar presentó una iniciativa complementaria para crear la Agencia Nacional para la Competencia y Bienestar Económico, una superestructura que absorbería tanto a la Cofece como al IFT. Esta agencia tendría el monopolio de la regulación asimétrica en sectores estratégicos, violando no solo el principio de autonomía, sino también los compromisos multilaterales de México.
En suma, la LMTR no es solo una reforma legal, sino un intento de recentralizar el poder regulador bajo la figura presidencial, en abierta contradicción con el espíritu constitucional de 2013 y con los compromisos adquiridos en el marco del T-MEC. Si se aprueba sin cambios sustanciales, México corre el riesgo de ser sancionado internacionalmente y de perder la credibilidad como garante de la libertad digital y económica.
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