La defensa de un megaproyecto de invernaderos en la región sur de Tehuacán, destapa una red de evasión de impuestos y blanqueamiento de capital, donde figuran empresarios “jóvenes” vinculados a exfuncionarios, capital extranjero y conocidos personajes de historial turbio.
Tehuacán, Pue.- En la región sur de Tehuacán, donde los recursos hídricos han sido históricamente vulnerables, el intento de imponer un nuevo proyecto de mega invernadero “chino” ha revelado más que simples diferencias con la población local. La figura de Héctor Veytia se presenta como el rostro de un esquema empresarial al que acusan afectados de que no solo ignora los derechos comunitarios, sino que también arrastra tras de sí sospechas de corrupción, evasión fiscal y lavado de dinero.
El caso explotó cuando se dio a conocer la identidad de quienes realmente representan a la empresa Colorado Ecoterra, firma que cambia con frecuencia de razón social como parte de su modus operandi y que en realidad es una filial de Grupo Agroindustrial Ecoterra S.A. Según fuentes locales, los supuestos “jóvenes tehuacaneros” que figuran como representantes legales no son originarios de la región.
Uno de ellos es Emilio de la Garza Bueno, hijo de exfuncionarios del norte del país, quien ha utilizado sus conexiones políticas para captar capital asiático —de procedencia dudosa— y canalizarlo a través de negocios como paisajismo y agricultura de exportación. Su empresa, que llegó a ser proveedora de Walmart, se ha expandido mediante la renta de tierras ejidales y la sobreexplotación de recursos naturales. Este patrón se ha repetido en diversas regiones del país: agotan el agua, abandonan los predios y se trasladan a nuevas zonas vulnerables.
Su apoderado legal, Santiago Fernández Hernández, también enfrenta señalamientos públicos. En entrevistas aún disponibles en redes sociales, admite haber participado en comercio ilegal de ropa mientras su padre era agente de aduanas. Ambos enfrentan denuncias en distintas entidades por evasión de impuestos y presunto lavado de dinero.
Ante esta evidencia, el propio Héctor Veytia ha evitado presentar el acta constitutiva de la empresa, temeroso de revelar a los verdaderos accionistas. Entre ellos se presume que se encuentra Lulú Lezama Aradillas, vinculada a Juan Nicolás Pares, su familiar directo. Ambos estarían relacionados con el escándalo de Bampeco, donde René Lezama Aradillas fue encarcelado por fraude.
Para defender su proyecto, Veytia recurre a un discurso en el que presume tener acceso a 14 horas de agua del paraje “La Escondida”, sin explicar que dicha agua fue adquirida ilegalmente y pertenece al manantial conocido como “La Tasa”. Esta omisión, lejos de aclarar dudas, refuerza las sospechas de la comunidad.
Como parte de su estrategia, la empresa ha lanzado una campaña de desinformación para criminalizar a activistas sociales y presentar la oposición como resistencia al “progreso”. Pero la la gente en Altepexi, San Gabriel Chilac y San Marcos Necoxtla ha dicho claramente: no permitirán que se imponga un negocio que saquea el agua y blanquea capitales, “sin importar si el dinero viene de China, Rusia o África”.
El megaproyecto de invernaderos promovido por Veytia ya no es solo una controversia ambiental o regional. Para los afectados es la prueba de cómo se encubre el saqueo de los recursos naturales tras un barniz de modernidad y juventud empresarial.
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