De Baja California a Veracruz, las fuerzas federales ejecutaron operativos simultáneos que revelan la profundidad y dispersión del crimen organizado en el país. Con cateos, detenciones y aseguramientos masivos, el Gabinete de Seguridad trazó un inquietante retrato del poder territorial de las organizaciones delictivas.
CDMX - En una jornada de alto impacto coordinada por el Gabinete de Seguridad, las autoridades federales realizaron acciones contundentes contra diversas estructuras criminales en al menos 13 estados del país. Los operativos, dados a conocer el día de hoy, implican un despliegue masivo de fuerzas armadas, Guardia Nacional (GN), policías estatales y fiscales locales.
Entre los mayores aseguramientos destaca lo ocurrido en Sinaloa, donde el Ejército Mexicano desmanteló un laboratorio clandestino y confiscó una impresionante cantidad de insumos químicos: 12,300 litros y 100 kilos de sustancias, junto a 15 reactores de síntesis orgánica, 64 tanques de gas LP, y equipamiento especializado, como centrifugadoras y condensadores. El daño económico estimado a los grupos criminales: 6,549 millones de pesos.
En Morelos, una operación conjunta del Ejército, GN y policía estatal resultó en la detención de ocho personas y la incautación de armamento, drogas y vehículos. Similar despliegue ocurrió en Sonora, donde se ejecutaron cateos en municipios clave como Cajeme, Santa Ana y San Luis Río Colorado, confirmando que la entidad se mantiene como punto crítico en la disputa entre facciones del crimen organizado.
En Veracruz, autoridades ejecutaron órdenes de investigación en Cuitláhuac y Jalacingo, asegurando no solo drogas sino también 46 motocicletas sin placas, usualmente vinculadas a grupos de halconeo o sicariato urbano. Mientras tanto, en Guanajuato, particularmente en Celaya, fue desarticulado un centro clandestino de almacenamiento de hidrocarburos, con la incautación de 60 mil litros de combustible robado.
El combate al narco también implicó la destrucción de 117 plantíos de amapola y 58 de marihuana en estados como Chihuahua, Durango, Guerrero y Oaxaca, lo que confirma que la producción sigue activa a gran escala en regiones montañosas y rurales.
En Matamoros y Reynosa, Tamaulipas, se registraron decomisos de armas largas, cocaína, ponchallantas y hasta sistemas de videovigilancia operados por células delictivas. Por otro lado, en Jalisco, Hidalgo y Querétaro, se localizaron seis tomas clandestinas de hidrocarburos, mientras que en Sonora se aseguraron máquinas tragamonedas ilegales, en su mayoría bajo control del crimen organizado.
El reporte general expone con crudeza el alcance territorial del narcotráfico, sus diversificadas fuentes de ingresos —desde el tráfico de drogas hasta el robo de hidrocarburos— y la complejidad de las operaciones necesarias para contenerlo. La Estrategia Nacional de Seguridad se despliega con fuerza, pero el mapeo delictivo evidencia una fragmentación persistente del Estado en múltiples regiones.
Desde los reactores químicos escondidos en la sierra sinaloense hasta los arsenales detectados en centros urbanos como Cuernavaca o Culiacán, el balance de la jornada al 15 de abril no solo representa un golpe logístico a los cárteles: también es una radiografía de un país donde el crimen organizado aún marca territorio.
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