La Cámara de Diputados recibió la iniciativa presidencial que pretende reducir el entramado burocrático que durante décadas el propio Estado ha construido y sostenido, con una ley que apuesta por la digitalización y la eficiencia administrativa en los tres niveles de gobierno.
CDMX - En un país donde el exceso de trámites es parte del paisaje institucional, la diputada Dolores Padierna Luna, de Morena, anunció que la propuesta enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum para expedir la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos fue turnada a comisiones legislativas. La iniciativa pretende ser el remedio de un problema que la misma administración pública ha cultivado: una maraña de procesos que sofoca a ciudadanos y autoridades por igual.
El documento, de carácter reglamentario del artículo 25 constitucional, promete revolucionar la forma en que se gestionan los trámites y servicios públicos mediante su simplificación, digitalización y homologación. A pesar de sus promesas, la iniciativa excluye de su aplicación a áreas estratégicas como lo fiscal, militar y judicial, aunque les impone ciertas obligaciones tecnológicas. Será una reforma limitada. El verdadero reto es hacer obligatoria la eficiencia en donde históricamente ha reinado la opacidad.
Se busca implementar un Modelo Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, establecer plataformas digitales como Llave MX y un Portal Ciudadano Único, además de consolidar un Repositorio Nacional de Tecnología Pública. Herramientas modernas en una estructura institucional que, hasta hoy, ha demostrado poca disposición a soltar viejas prácticas.
La iniciativa propone que las dependencias gubernamentales dejen de pedir documentos que ellas mismas emiten, que no se soliciten copias innecesarias, y que se reconozca la validez legal de los documentos digitales. Todo suena sensato, pero es también una admisión de lo absurdo: el Estado, por fin, se reconoce como su mayor obstáculo administrativo.
La intención de reducir tiempos, fusionar trámites y priorizar aquellos que afectan a grupos vulnerables es una meta deseable. Sin embargo, el éxito de esta ley no depende del papel, sino de su implementación. Las herramientas propuestas —como la Agenda de Simplificación, el Análisis de Impacto Regulatorio y el Registro Nacional de Regulaciones— podrían terminar siendo más capítulos en el manual de la inercia burocrática si no se acompañan de una voluntad política genuina.
Con cifras que revelan un sistema desbordado —más de 350 mil trámites a nivel nacional—, el Estado propone una cirugía mayor que él mismo deberá ejecutar sin anestesia. El dictamen reconoce que la gestión pública actual impone obstáculos, propicia la corrupción y obstaculiza derechos. Pero la pregunta permanece: ¿puede el sistema reformarse desde dentro, o esta ley será otro trámite más en el archivo de las buenas intenciones?
México, se dice en la exposición de motivos, avanza hacia una administración más moderna, eficiente e incluyente. En ese camino, el reto es gigantesco: desmontar el andamiaje burocrático sin replicarlo en versión digital. Porque si la solución se limita a pasar el papeleo al internet, el problema seguirá intacto, solo con interfaz nueva.
Numeralia burocrática
- Promedio de trámites por entidad federativa: 523
- Promedio de trámites a nivel municipal: 144
- Total estimado de trámites a nivel nacional: más de 350,000
- Trámites realizados por persona en su vida: 486
- Trámites ante gobiernos locales (porcentaje): 85%
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