Cuando un solo grupo político controla el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y ahora las plataformas digitales, ya no hablamos de una democracia en crisis. Hablamos de un sistema autoritario. En México, la concentración de poder ya no es una amenaza futura: es un hecho consumado.
Con la aprobación de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el gobierno mexicano dará el golpe final hacia el control absoluto del ecosistema mediático y digital. El aparato institucional que aún sostenía los principios de libertad, pluralidad y derecho a la información, será sustituido por un modelo de vigilancia y censura, legitimado por la mayoría legislativa y revestido de un discurso patriótico.
El Poder Ejecutivo, encabezado por Claudia Sheinbaum, propone las iniciativas. El Poder Legislativo, completamente alineado, las aprueba sin matices ni contrapesos. El Poder Judicial, debilitado y en vías de subordinación tras el 1 de junio, ya no representa una garantía constitucional. Y ahora, con esta ley (LMTR), el Estado tiene la llave para cerrar el paso a cualquier voz crítica en internet.
Esta nueva legislación establece la capacidad del gobierno, a través de la ATDT, para bloquear plataformas digitales, supervisar contenidos, determinar qué se puede transmitir y sancionar a quienes difundan “propaganda extranjera” o “publicidad disfrazada de noticia”. La lógica es clara: se ha creado un mecanismo legal para silenciar la disidencia bajo pretextos amplios, ambiguos y manipulables.
No es casualidad que esta ley surja en un momento en que las redes sociales y medios digitales se han convertido en el último refugio de voces críticas, independientes y de oposición. La televisión y la radio tradicionales están cada vez más cooptadas por el oficialismo. El internet, ese espacio aún libre y democrático, representa una amenaza para el control narrativo del régimen. Por eso esta ley no es sólo una reforma: es una herramienta de poder.
Las democracias mueren cuando las instituciones dejan de servir como límites al poder. Hoy, México tiene un aparato legal que permite decidir qué puede leer, ver o compartir su población. Esto no es teoría: está escrito en el dictamen, aprobado con mayoría legislativa. Se bloquean contenidos, se impone narrativa oficial y se criminaliza la crítica como si fuera traición a la patria.
Quienes aún piensan que esto es un debate ideológico no ven el bosque completo: este es un sistema cerrado. Un modelo donde los tribunales ya no son independientes, donde los medios tradicionales están controlados, donde los órganos autónomos han sido destruidos y donde ahora, internet será vigilado, limitado o bloqueado. Esta no es la antesala del autoritarismo: es su instauración formal.
Las dictaduras del siglo XXI no se construyen con tanques. Se construyen con decretos, narrativas de soberanía, agencias regulatorias y leyes técnicas. Así está ocurriendo en México. La libertad no será clausurada con violencia, sino con legalidad maquillada. Y cuando la ley sirve para oprimir, el Estado deja de ser democrático. El Estado autoritario ya está aquí. Y está legalizado.
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