Al año, Karla Victoria Martínez Gallegoz representa un gasto de un millón setenta y nueve mil pesos para los teziutecos, sin contar viáticos ni otras prestaciones, mientras su cabildo consume trescientos treinta y nueve mil pesos mensuales, todo esto en un municipio con necesidades urgentes y visibles.
Teziutlán, Pue.- En la región nororiental de Puebla, donde persisten rezagos sociales y presupuestos municipales limitados, los salarios de los ediles suelen ser modestos y otros opacos. Sin embargo, en Teziutlán, el caso es distinto: la presidenta municipal Karla Victoria Martínez Gallegoz se ha colocado entre las mejor remuneradas del estado, con un sueldo mensual de $83,000 pesos, denuncian ciudadanos.
La cifra destaca especialmente al compararse con lo que ganan otros presidentes municipales en la zona. Fausto Moreno Salazar en Atempan percibe $34,000 al mes; Alfonso Lino Pozos en Hueyapan gana $20,000; y Édgar Iván Luna Rivera en Hueytamalco apenas llega a los $11,500. Frente a este panorama, la remuneración de Martínez Gallegoz no solo duplica, sino que en algunos casos cuadruplica la de sus homólogos.
Pero el problema va más allá del número. Se trata de una funcionaria cuya gestión ha sido señalada por la ausencia de resultados tangibles, la falta de obra pública relevante y una desconexión evidente con la ciudadanía. En un contexto regional con múltiples carencias, el elevado sueldo no solo es un despropósito presupuestal, sino una afrenta directa para una población (en su mayor parte de ingresos modestos) que exige respuestas.
Mientras alcaldes de municipios vecinos prefieren mantener en la sombra sus ingresos —como ocurre en Teteles y Yaonahuac, que reportan “sin transparentar”—, Martínez Gallegoz oficializa sin recato su ingreso. Lo hace a pesar de los reclamos sociales por la falta de acciones concretas, por el deterioro de servicios públicos y por una administración que, hasta ahora, parece priorizar sus intereses antes que los de la comunidad.
A este escenario se suma el gasto mensual del cabildo, que alcanza los $336,000 mensuales. En conjunto, el aparato gubernamental local impone una carga que no se justifica por sus resultados, ni por su impacto en la calidad de vida de los teziutecos, según la denuncia.
Lo que es evidente es que el caso de Teziutlán confirma una tendencia preocupante: cuando la gestión se divorcia de la realidad social, el poder se convierte en privilegio, y el servicio público pierde su razón de ser.
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