El Instituto Nacional Electoral anunció que anulará triunfos si confirma que los aspirantes al Poder Judicial son prófugos, deudores, violentadores o han perdido sus derechos, lo que abre una batalla legal y política en plena elección.
CDMX - Consejeras del Instituto Nacional Electoral (INE) advirtieron que invalidarán candidaturas ganadoras al Poder Judicial si se confirma que los aspirantes son inelegibles conforme al artículo 38 de la Constitución. La medida aplica a quienes estén prófugos, tengan suspendidos sus derechos o figuren como deudores alimentarios o agresores.
La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, subrayó que los hallazgos de las investigaciones de elegibilidad serán entregados al Senado y al Tribunal Electoral, aunque reconoció que la “resolución final” recaerá en estas instancias. No obstante, la consejera Carla Humphrey fue tajante: “El INE sí podrá quitar candidaturas”.
Esta facultad se justifica porque, en esta elección, el INE tiene el control no solo del desarrollo, sino también de la calificación de la elección: desde los cómputos hasta la entrega de constancias de validez. Si un candidato no cumple los requisitos constitucionales, el Consejo General podrá declarar la inelegibilidad antes de que reciba la constancia de mayoría.
El Consejo prevé aprobar un primer informe el 31 de mayo, pero mantendrá abierto el periodo para recibir denuncias hasta el 15 de junio, día clave en que se emitirá la calificación definitiva. Esto da margen a ciudadanos y organizaciones para presentar pruebas y señalamientos.
En medio de la discusión, el senador Gerardo Fernández Noroña adelantó que impugnará una veintena de perfiles con supuestos vínculos con el crimen o grupos religiosos. La respuesta del INE fue clara: la idoneidad moral o ética no es competencia del Instituto. Esa evaluación correspondió en su momento a los comités técnicos de selección. Ahora, el enfoque está en la elegibilidad legal, un criterio objetivo, verificable y directamente vinculado a la Constitución.
La consejera Claudia Zavala fue enfática: “Eso no lo va a valorar el INE. La idoneidad no era responsabilidad del INE”. Su declaración, lejos de zanjar el debate, revela una fractura estructural en el proceso de designación judicial, en donde distintas instancias se deslindan del filtro ético y legal de los aspirantes.
En juego no está solo la conformación del Poder Judicial, sino también la credibilidad de las instituciones y su capacidad para aplicar la ley sin sesgos. ¿Podrá el INE sostener sus decisiones frente al vendaval político y judicial que se avecina?
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