El gobernador Alejandro Armenta al reafirma su respeto a los procesos judiciales tras las detenciones de los alcaldes Uruviel y Giovanni González Vieyra, acusados de delitos graves señaló: “Yo no persigo a nadie” y “la ley no se negocia, se aplica”. 🧐
Puebla de Zaragoza, Pue.- El pasado 7 de marzo, un operativo combinado entre las autoridades estatales y federales condujo a la captura de los hermanos Uruviel y Giovanni González Vieyra, alcaldes de los municipios de Ciudad Serdán y Tlachichuca, respectivamente. Junto a ellos, fue detenido su padre, Ramiro González Navarro quien fue liberado en circunstancias que aún no están claras.
En medio de un torbellino de acusaciones, manifestaciones y rumores, el gobernador Alejandro Armenta se ha pronunciado. “Nosotros estamos ajenos a cualquier postura que limite o censure los derechos y las libertades sociales”, afirmó, refiriéndose al caso y destacando la importancia de respetar la autonomía de la Fiscalía General del Estado (FGE) en estos procesos judiciales.
El operativo, que involucró a la FGE, la Guardia Nacional y la Marina, se llevó a cabo en diversos puntos de Tlachichuca y Ciudad Serdán. Las detenciones de los hermanos González Vieyra no son un hecho aislado, sino que vienen acompañadas de serias acusaciones. Uruviel enfrenta cargos por la portación de armas de uso exclusivo del Ejército Mexicano, mientras que Giovanni es señalado por el robo de mercancías, halladas en su domicilio. No obstante, versiones extraoficiales sugieren que estos delitos podrían ser solo la punta del iceberg, insinuando conexiones con el crimen organizado y otros ilícitos de alto impacto.
Al respecto Armenta comentó: “nosotros no somos omisos ni perseguimos a ninguna persona”.
La familia González Vieyra ha mantenido un control casi absoluto sobre la región de Chalchicomula de Sesma desde 1998, cuando Ramiro González Navarro asumió la presidencia municipal de Tlachichuca. Con el paso de los años, el poder ha sido heredado a sus hijos, quienes no solo han logrado mantener el control político, sino también han acumulado una notable influencia económica y policial. Giovanni, por ejemplo, fue reelegido en 2021 bajo el partido Movimiento Ciudadano (MC), una victoria que consolidó aún más el poder de la familia en la región.
Pese a la gravedad de las acusaciones y las tensiones que se viven en torno a las detenciones, el gobernador Armenta ha sido claro en su postura: "Es importante que investiguen a fondo. El proceso judicial sigue su curso, y la ley debe aplicarse sin que el gobierno interfiera". Armenta destacó que el proceso judicial no es, ni debe ser, una cuestión de ciclos políticos. En su mensaje mañanero, subrayó como ejemplo que los enfrentamientos violentos que ocurrieron en el pasado en municipios como Tecamachalco y Quecholac, donde se registraron muertes, son la razón de los procesos judiciales en marcha. Hechos como los apuntados por el gobernador de Puebla, junto con las investigaciones subsiguientes, explican las órdenes de aprehensión que ahora afectan a los hermanos González Vieyra, comentó.
El gobernador dejó claro que no es el gobierno quien debe tomar decisiones sobre la judicialización de los casos, sino las autoridades competentes, dentro del marco de su autonomía. “Nunca una autoridad puede allanar una vivienda o detener a una persona sin una orden judicial”, enfatizó, apelando a la legitimidad del proceso y la imparcialidad de la Fiscalía.
El mandatario estatal también aseguró que su gobierno no negocia con delincuentes “sin importar cuántas marchas hagan”. Esto en respuesta a quienes marchando y con protestas exigen la liberación de los alcaldes de Ciudad Serdán y Tlachichuca, así como de un integrante de la UPVA 28 de Octubre, detenido en Azumiatla por presunto homicidio.
Al respecto señaló: “Estoy curtido”.
Lo que está en juego en este conflicto no solo son las acusaciones de los alcaldes González Vieyra y sus presuntos vínculos con el crimen organizado. Armenta defiende la legalidad y el proceso judicial en curso que afecta a una familia que se ha hecho del poder público en toda una región para usarlo en provecho personal con agravantes que conforme el proceso avance arrojará luz sobre los usos del poder que se atribuyen gobernantes municipales.
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