#LutoNacional - La crisis de desapariciones en México ha alcanzado un nuevo nivel de indiganción con el hallazgo de un centro de exterminio humano en Teuchitlán, Jalisco. Mientras los colectivos de búsqueda revelan la magnitud del horror, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó que “hay que esperar los resultados de la investigación” porque aún no tiene “información clara”.
CDMX - Durante su conferencia matutina, Sheinbaum expresó "no es un asunto político" y abundó sobre la actuación del gobierno y la Fiscalía de Jalisco, asegurando que el narcocampamento descubierto en el Rancho Izaguirre estaba bajo resguardo estatal desde septiembre de 2024. Sin embargo, las preguntas se acumulan: si el lugar estaba asegurado, ¿por qué las recientes investigaciones han destapado fosas clandestinas, crematorios y objetos personales de las víctimas?
La mandataria federal evitó señalar culpables directos y pidió esclarecer qué ocurrió después de aquel operativo, insistiendo en que el tema debe abordarse con una investigación seria antes de generar conclusiones. Sin embargo, para los familiares de desaparecidos, la falta de respuestas es en sí misma una forma de complicidad.
El hallazgo del narcocampamento, que presuntamente operaba bajo el control del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), deja al descubierto la fragilidad del Estado frente al crimen organizado. La Fiscalía General de la República (FGR) anunció una investigación sobre posibles omisiones de las autoridades de Jalisco en el caso, una acción que para muchos llega tarde.
La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) denunció que el gobierno intenta minimizar la crisis de desapariciones, argumentando que, mientras se presume una reducción en los homicidios, las desapariciones han aumentado un 40%. Sheinbaum rechazó estas afirmaciones, asegurando que "el Episcopado no tiene la información correcta", y prometió incluir los datos de desapariciones en los informes de seguridad quincenales.
Insistió en que no se presume ninguna irregularidad por parte de la Fiscalía de Jalisco, pero al mismo tiempo admitió la necesidad de esclarecer lo sucedido tras el operativo de septiembre. Mientras tanto, los colectivos de búsqueda han expuesto cómo las omisiones permitieron que el rancho siguiera operando como un sitio de exterminio.
A pesar de la gravedad de la situación, el gobierno de Jalisco encabezado por Pablo Lemus ha tratado de mostrarse colaborativo. Colectivos como Guerreros Buscadores de Jalisco y Madres Buscadoras han sido autorizados para ingresar al rancho y presenciar los trabajos forenses, aunque el acceso a la prensa ha sido restringido.
El caso Teuchitlán es solo un eslabón más en la cadena de violencia que ha azotado al país en los últimos años. Mientras el gobierno federal sigue insistiendo en el discurso de la reducción de homicidios, la realidad es que la violencia persiste, los desaparecidos se multiplican y las familias continúan buscando justicia en un sistema que parece haberles dado la espalda.
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