En el emblemático 87 Aniversario de la Expropiación Petrolera, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció con optimismo lo que llamó "una nueva etapa" para Petróleos Mexicanos. Sin embargo, detrás de las promesas de transformación y eficiencia, se esconden realidades alarmantes que amenazan la viabilidad de la empresa estatal más importante del país.
CDMX - La integración vertical de Pemex, que oficialmente comenzó con la entrada en vigor de la legislación secundaria en materia energética, se presenta como la solución a años de ineficiencia estructural. "Comienza el día de hoy la integración vertical de Petróleos Mexicanos para fortalecer su eficiencia y rendimiento", expresó Sheinbaum durante la ceremonia conmemorativa. Pero esta reestructuración llega en un momento crítico para la petrolera, que enfrenta una crisis financiera sin precedentes y una caída significativa en su producción.
Víctor Rodríguez Padilla, director general de Pemex, enumera una serie de procesos que ya están en marcha: reintegración vertical y horizontal, adelgazamiento administrativo, fortalecimiento de áreas operativas y control presupuestal. Promete aprovechar "al máximo" el nuevo marco jurídico para el fortalecimiento de la empresa. Sin embargo, estas palabras contrastan con la dura realidad que enfrentan cientos de proveedores que han visto sus pagos suspendidos desde hace meses.
La Ley de la Empresa Pública del Estado, Petróleos Mexicanos, estipula que a partir del 19 de marzo de 2025 se extinguirán las subsidiarias Pemex Transformación Industrial, Pemex Exploración y Producción y Pemex Logística. Esta eliminación, según los especialistas, busca consolidar el control y reducir costos, pero también plantea interrogantes sobre la transparencia y la eficiencia operativa.
Arturo Carranza, especialista del sector energético, advierte que la integración vertical enfrenta un desafío particular: "evitar que la situación financiera del negocio de refinación perjudique el desempeño del negocio de exploración y producción". Esta preocupación no es menor, considerando que la refinación ha sido históricamente deficitaria, mientras que la exploración y producción constituyen el núcleo rentable de la empresa.
Mientras tanto, la deuda con proveedores ha alcanzado cifras astronómicas. Al cierre del año pasado, superó los 506,000 millones de pesos, un máximo histórico con un incremento anual del 26%. Esta situación ha llevado al cierre de numerosas empresas proveedoras, principalmente pequeñas y medianas, que no pueden sostenerse ante la falta de pagos.
La promesa de la diputada Rocío Abreu de que Pemex saldará entre marzo y abril un pago de hasta 6,400 millones de dólares a proveedores, solo representa la cuarta parte de la deuda total. Rafael Espino de la Peña, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Petroleros (Amespac), se muestra escéptico: "Cualquier pago es bienvenido. Siempre es alentador escuchar que se va a pagar, pero estamos a la expectativa de que eso suceda".
La crisis de pagos se ha agravado con la transición de gobierno. Durante los últimos tres meses de la administración anterior prácticamente no se realizaron pagos, y la situación se ha mantenido durante los primeros 180 días del actual gobierno. Esta paralización financiera ha tenido consecuencias devastadoras: según la Agencia Estatal de Energía de Campeche, en los últimos meses de 2024 hubo despidos de al menos 600 personas solamente en las áreas donde operan las grandes empresas prestadoras de servicios de Pemex.
El impacto en la producción petrolera ya es evidente. En enero se registró una reducción anual del 12% en la producción de crudo, cayendo a 1.365 millones de barriles diarios. Esta disminución está directamente relacionada con la menor actividad de proveeduría de bienes y servicios asociada al impago de la empresa, como señala Espino de la Peña: "La producción ha venido declinando porque se redujo el capex (gasto en capital)".
La defensa de la integración vertical como modelo de eficiencia contrasta con la realidad operativa. Si bien Alonso Romero, especialista en temas energéticos, asegura que "está demostrado que no hay nada más eficiente en el sector eléctrico que una empresa verticalmente integrada que busque el beneficio social", la implementación de este modelo en Pemex enfrenta obstáculos que van más allá de la estructura organizacional.
La Asociación Mexicana de Energía (AME) ha reiterado su disposición para colaborar con las autoridades en la formulación del marco normativo pendiente, pero la incertidumbre persiste. El sector energético mexicano enfrenta desafíos significativos para mejorar la confiabilidad y el suministro suficiente de energía en el corto plazo, y la capacidad de Pemex para adaptarse a estas exigencias está en entredicho.
La promulgación de nuevas leyes para Pemex y CFE, junto con la Ley del Sector Eléctrico, del Sector Hidrocarburos y de Planeación y Transición Energética, entre otras, establece el marco legal para la transformación del sector. Sin embargo, la implementación efectiva de estas reformas requerirá más que cambios estructurales; demandará un compromiso real con la transparencia, la eficiencia y la sostenibilidad financiera.
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