La violencia en México se ha convertido en un mapa de exterminio. A medida que se exhuman restos humanos en distintos puntos del país, surge más evidencia de la tragedia nacional que envuelve al país. El más reciente hallazgo se dio en Reynosa, Tamaulipas, donde colectivos de búsqueda localizaron un nuevo campo de exterminio, similar al que fue descubierto en Teuchitlán, Jalisco.

InfoStockMx - En Reynosa, integrantes del colectivo "Amor por los Desaparecidos" identificaron al menos 14 puntos con restos humanos calcinados, junto con vestigios de lo que parecían ser chalecos antibalas, hebillas de cinturón, casquillos de armas de alto calibre y equipo táctico. El hallazgo apunta a un patrón que ya no sorprende: las víctimas no solo son ejecutadas, sino que muchas son forzadas a actividades criminales antes de ser eliminadas.

El descubrimiento en Reynosa llega cuando aún resuena el escándalo por el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, donde la Fiscalía del Estado detectó seis lotes de restos óseos en diferentes zonas del predio. En este sitio, descrito por las autoridades como un centro de entrenamiento y exterminio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), también se localizaron crematorios clandestinos, ropa y más de 200 pares de zapatos.

Las primeras indagatorias revelaron que el rancho ya había sido inspeccionado en septiembre de 2024, pero las autoridades estatales no tomaron medidas contundentes. En esa ocasión, se detuvieron a 10 personas, dos fueron liberadas y se encontró a una persona sin vida. Sin embargo, los indicios de que el lugar servía como un punto de exterminio fueron ignorados, lo que ahora pone en la mira al gobierno de Jalisco.

El actual gobernador, Pablo Lemus, reconoció que se investiga si hubo omisiones graves en aquella primera revisión. La Fiscalía General de la República (FGR) ha tomado cartas en el asunto y se encargará de esclarecer por qué no se actuó con firmeza cuando el sitio fue inspeccionado por primera vez.

El colectivo Madres Buscadoras de Jalisco, que desde hace años enfrenta la indiferencia oficial, denunció que muchas de las víctimas de desaparición fueron reclutadas mediante engaños por grupos criminales antes de ser asesinadas. Sus integrantes continúan la extenuante labor de identificar los restos humanos y las fichas de búsqueda relacionadas con el rancho Izaguirre.

"Necesitamos que nos escuchen, que se investigue a fondo y que se apoye a las familias que vivimos esta pesadilla", reclamaron en un llamado urgente a las autoridades.

Por su parte, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco fue el primero en reportar la existencia del crematorio clandestino dentro del rancho, una revelación que pone en jaque el discurso oficial sobre el combate al crimen organizado en la entidad.

Entre los objetos hallados en el Rancho Izaguirre se encontró una carta de despedida firmada por Eduardo Lerma Nito, un joven desaparecido el 26 de febrero de 2024 en San Juan de los Lagos, Jalisco. En el mensaje, escrito en un cuaderno, expresaba su amor por una persona cercana, como una última despedida en caso de no regresar.

Sin embargo, su historia cambió: en octubre de 2024, Eduardo logró reunirse con su familia. Su ficha de búsqueda sigue activa, pero las autoridades confirmaron que fue rescatado. Aunque su testimonio aún no ha sido revelado, su caso expone el miedo que envuelve a las víctimas de desaparición en México.

El hallazgo de dos campos de exterminio en menos de un año, uno en Jalisco y otro en la frontera tamaulipeca, deja en claro que las estrategias de combate a la violencia han fallado. A pesar de los discursos gubernamentales sobre el debilitamiento del crimen organizado, la realidad es que los cárteles operan con estructuras cada vez más sofisticadas y aterradoras.

Mientras la FGR investiga las omisiones de las autoridades de Jalisco, el país sigue acumulando fosas clandestinas, cuerpos sin nombre y familias que buscan justicia en un territorio donde la violencia se ha institucionalizado bajo la sombra de la impunidad.