Un juez federal impuso una condena de 40 años y nueve meses de prisión a cuatro soldados del XVI Regimiento de Caballería Motorizada por el asesinato de cinco jóvenes y las lesiones a otros dos, hechos ocurridos el 26 de febrero de 2023 en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
InfStockMx - La sentencia, dictada por el juez Juan Gonzaga Sandoval, marca un precedente en la rendición de cuentas dentro de las Fuerzas Armadas. Los condenados, Juan Carlos Gámez Mendoza, Agustín Cornelio Sánchez Reyes, Bernardo Reyes Sánchez y Jorge Nicolás López, permanecen en el Campo Militar Número 1 bajo custodia de la Guardia Nacional en espera de la resolución definitiva.
Familiares de las víctimas, acompañados por el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), Raymundo Ramos Vázquez, y los abogados Edgar Netro Acuña y Roberto Puente Martínez, celebraron el fallo. Subrayaron que una vez ratificada la condena, el mando del XVI Regimiento deberá ofrecer una disculpa pública a los afectados, en reconocimiento del daño causado y la criminalización sufrida en redes sociales y medios afines a las Fuerzas Armadas.
Los padres y madres de los jóvenes ejecutados: Gustavo Suárez, Wilberto Mata Estrada, Jonathan Aguilar Sánchez, Alejandro Trujillo Rocha y Gustavo Pérez Benítez, advirtieron sobre la posibilidad de apelación de los militares. Instaron al Poder Judicial federal a ratificar la condena, con el objetivo de evitar la repetición de atrocidades similares.
Entre los familiares que exigieron justicia destacan Amalia Rocha, Rubén Mata, Arturo Suárez, Rosa Elia Benítez, Dora María Ramos, Lorena Estrada y Elizabeth Sánchez. Todos coincidieron en que esta es la primera sentencia contra elementos del Ejército por abusos en la región.
Los abogados Netro y Puente aclararon que, mientras el fallo no sea definitivo, los soldados continuarán en libertad bajo vigilancia de la Guardia Nacional, obligados a firmar semanalmente en el Campo Militar Número Uno. De confirmarse la sentencia, cumplirán su condena en una prisión federal civil.
Raymundo Ramos denunció que más militares estuvieron involucrados en la masacre del 27 de febrero de 2023, pero la protección institucional impidió una investigación exhaustiva. Señaló al entonces secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, como responsable de encubrir la cadena de mando.
El presidente del CDHNL enfatizó que esta condena envía un mensaje claro a las Fuerzas Armadas: desobedecer órdenes que impliquen violaciones a derechos humanos es una obligación, y los altos mandos deben rendir cuentas en lugar de la tropa.
Además, exigió a la presidenta Claudia Sheinbaum la destitución del comandante del XVI Regimiento, Miguel Ángel Ramírez Canchola, a quien acusó de encubrir ejecuciones extrajudiciales. Recordó que en 2021, bajo su mando, cinco civiles fueron asesinados en la colonia Nueva Era de Nuevo Laredo. En 2024, tras su regreso a la región, una enfermera, una niña y un joven secuestrado fueron ejecutados por el Ejército y la Guardia Nacional.
En un comunicado, el CDHNL señaló que otro caso de abuso bajo la gestión de Ramírez Canchola fue el de Esteban Durán Álvarez, detenido por militares el 20 de noviembre de 2024, torturado hasta la muerte y abandonado en la colonia El Bayito. Este crimen motivó una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) y una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
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