Organizaciones nacionales e internacionales denuncian una campaña de desprestigio y represión contra las familias buscadoras de desaparecidos en México. Señalan la complicidad del Estado con grupos delictivos y responsabilizan al gobierno de cualquier daño contra quienes buscan justicia.
CDMX - El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el Congreso Nacional Indígena (CNI) y diversos colectivos de México y el mundo expresaron su rechazo ante lo que califican como una “campaña de desprestigio y criminalización” en contra de las madres, padres y familias buscadoras de desaparecidos. Acusan a gobiernos corruptos y grupos delictivos de actuar al unísono para reprimir a quienes buscan a sus seres queridos.
En una carta firmada por organizaciones nacionales e internacionales, advierten que esta estrategia tiene como fin generar condiciones para la represión mediante la criminalización de las víctimas.
El pronunciamiento hace referencia a los recientes hallazgos de colectivos de madres buscadoras en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco. Señalan que, más allá de los términos con los que se intente justificar, se trata de un “centro de exterminio al servicio del capital”, sostenido y protegido por quienes dicen gobernar el país.
Las organizaciones comparan esta estrategia con la utilizada en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, al denunciar que la persecución contra las familias buscadoras sigue un patrón de represión estatal dirigido a silenciar la exigencia de justicia.
El documento acusa directamente a las autoridades de brindar impunidad y protección a los cárteles del crimen organizado, con énfasis en el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
“Los cárteles criminales y sus grupos armados, de manera notable el CJNG, son protegidos por los gobiernos, que les otorgan impunidad a través de las fiscalías, los jueces y los cuerpos de seguridad pública, incluidos los militares”, señala el texto.
Además, denuncian que estas organizaciones criminales no solo controlan el narcotráfico, sino que también han incursionado en la privatización de la tierra, la minería, la obra pública y la explotación de recursos naturales. Los colectivos acusan que estas estructuras han permeado en la administración de municipios, regiones y estados, afectando directamente a comunidades indígenas y desplazando a sus habitantes.
Los zapatistas y los colectivos firmantes advierten que la violencia actual, justificada bajo el discurso de desarrollo, es una estrategia de dominación y exterminio similar a las guerras de las que han sido víctimas en el pasado.
En su comunicado, responsabilizan directamente al Estado mexicano y a los intereses económicos que lo sostienen de cualquier daño contra las familias buscadoras.
Las organizaciones cierran su pronunciamiento con un llamado a los pueblos originarios y a la sociedad en general a no guardar silencio.
“Su lucha es nuestra lucha, porque en ella está la defensa de la vida, la tierra y la autonomía, que son la raíz de la esperanza colectiva”, afirman. Además, subrayan que en cada paso, en cada grito y en cada muestra de unidad, se construye un nuevo mundo desde abajo, donde el luto se transforma en lucha y la justicia se abre paso entre la impunidad.
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