En un país donde la desaparición de personas se ha convertido en una crisis humanitaria, las madres buscadoras siguen luchando por respuestas y justicia, enfrentándose no solo a la impunidad sino también a la indiferencia del gobierno y de algunos actores políticos.
CDMX - La reciente controversia entre la activista Ceci Flores y el senador Gerardo Fernández Noroña es solo un reflejo del profundo dolor y desesperanza que envuelve a miles de familias mexicanas.
Ubicado en Teuchitlán, Jalisco, el Rancho Izaguirre ha sido señalado como un posible centro de exterminio. En este lugar se han encontrado más de 490 objetos personales que podrían pertenecer a víctimas de desaparición forzada. Sin embargo, lejos de generar una respuesta contundente del Estado, las declaraciones de Noroña minimizando estos hallazgos indignaron a los colectivos de búsqueda.
Ceci Flores, madre buscadora y activista, respondió con contundencia a través de sus redes sociales:
"Quienes tenemos un desaparecido podríamos rezarle a un zapato, a una playera, a un lugar y hasta al viento que pensamos que tocó a nuestros hijos para darnos consuelo. No le pido que luche junto a nosotras porque no tiene nada que aportar. Pero sí le exijo que respete el dolor y la esperanza de cientos de miles de madres que vamos buscando señales que nos traigan paz.”
Las palabras de Flores resonaron con fuerza en un país donde la búsqueda de desaparecidos parece recaer únicamente en los familiares, mientras las autoridades siguen sin ofrecer respuestas claras ni acciones contundentes.
La presidenta Claudia Sheinbaum también ha sido señalada por su falta de acción ante la crisis de desapariciones. Diana Iris García, madre de Daniel Cantú Iris, desaparecido hace 18 años, e integrante de FUNDEC-FUNDEM, expresó su decepción ante el gobierno actual.
"Es muy triste la narrativa desde la misma presidencia. Tiene cinco meses en la administración y no había mostrado interés en la crisis de desapariciones. Nunca se reunió con nosotros en campaña y no lo ha hecho ahora, lo que evidencia un desprecio hacia las más de 120 mil personas desaparecidas."
Además, García recordó que la organización que representa lleva 15 años exigiendo justicia sin obtener respuestas reales. La falta de voluntad política y la omisión institucional han convertido a México en un país donde los campos de exterminio proliferan sin que haya un esfuerzo coordinado por detener la tragedia.
Ante la creciente presión, Sheinbaum emitió un decreto instruyendo a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) a solicitar más recursos para sus tareas de localización e identificación de personas. Si bien el documento reconoce la crisis y la necesidad de fortalecer las instituciones encargadas, queda la duda de si realmente habrá un cambio estructural o si se trata de una medida simbólica sin impacto real.
El decreto establece que la búsqueda de personas desaparecidas es una prioridad del Estado y menciona que la crisis ha cambiado de rostro: mientras en el pasado era el mismo gobierno quien perpetraba las desapariciones, ahora es el crimen organizado el principal responsable. Sin embargo, las familias no buscan explicaciones teóricas; buscan acciones concretas y resultados.
El caso del Rancho Izaguirre y la confrontación entre Ceci Flores y Fernández Noroña son apenas una muestra de la falta de empatía que enfrentan las familias de desaparecidos. Mientras el Estado se mantiene en la inercia burocrática, las madres buscadoras continúan cavando con sus propias manos, sosteniendo la esperanza en un país que parece haber normalizado el horror.
0 Comentarios