La crisis forense en México, derivada del incremento de desapariciones, enfrenta graves carencias que imposibilitan la restitución de cuerpos a sus familiares. Falta de tecnología, escasez de personal pericial e ineficiencia en el resguardo de restos humanos son algunos de los factores que perpetúan esta tragedia humanitaria.
CDMX - El problema de la crisis forense en México se ha agravado con el tiempo, dejando a miles de familias en la incertidumbre sobre el paradero de sus seres queridos. Los servicios médico-forenses colapsan ante la inoperancia de los centros de resguardo de restos humanos, la insuficiencia de tecnología y la falta de una trazabilidad adecuada de los cuerpos encontrados.
La organización Idheas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, a través de su informe “Crisis Forense en México: Desaparición de personas”, expone con datos concretos las fallas del sistema de identificación de fallecidos y cómo estas afectan directamente la entrega digna de los cuerpos.
El hallazgo del rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, presuntamente utilizado como campo de exterminio, reveló una realidad desoladora: los cuerpos llegan a los servicios forenses y permanecen sin identificar durante meses. Se estima que existen más de 72 mil restos humanos acumulados en las morgues del país.
La doctora Isabel Beltrán Gil, especialista en Antropología Cultural y asesora de Idheas, subraya que mejorar los procesos de identificación es crucial para evitar que las desapariciones se conviertan en un ciclo interminable de incertidumbre.
“Se dificulta poder ver con claridad cuántas personas hay desaparecidas y cuántas han sido encontradas pero no identificadas. Una mala práctica conlleva no sólo la no identificación de la persona, sino también la imposibilidad de proporcionar justicia”, destacó.
Los organismos creados para afrontar esta crisis han quedado en el abandono. Ejemplo de ello es el Mecanismo de Identificación Forense, el Centro Nacional de Identificación Humana y los Centros Regionales de Identificación. Estas instituciones, pensadas para ofrecer soluciones, han sido catalogadas como “elefantes blancos” sin operatividad efectiva.
De acuerdo con César Contreras León, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), la militarización de la seguridad desde 2006 disparó las desapariciones forzadas y la crisis de identificación de cuerpos.
“Las estrategias de búsqueda de personas desaparecidas no comienzan de cero, sino que deben retomar lo que ya existe. Falta voluntad política para aplicar las iniciativas”, sentenció.
Los restos de personas no identificadas terminan en fosas comunes sin registros adecuados. El Banco Nacional de Datos Forenses, cuya implementación debió iniciar en 2019, sigue sin funcionar completamente.
El informe de Idheas también denuncia la falta de coordinación entre las fiscalías estatales y federales, lo que impide una búsqueda efectiva y el cumplimiento de normativas como el artículo 128 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, que prohíbe la incineración de cuerpos sin identificar.
Para las familias de desaparecidos, la crisis forense no sólo es un problema de identificación, sino también de acceso a la verdad y la justicia. Colectivos de búsqueda exigen claridad en el procesamiento de restos y denuncian la indiferencia de las autoridades.
La doctora Isabel Beltrán Gil enfatiza que la cifra de fallecidos sin identificar es alarmante, ya que sigue engrosando las listas de personas desaparecidas y obstaculiza la reducción de cuerpos almacenados en los servicios forenses.
“El propósito no es trasladar los cuerpos de una fosa a otra, sino lograr la identificación y proporcionar verdad y justicia a las familias”, concluyó la especialista.
La falta de voluntad política es una de las principales barreras para resolver la crisis forense. Instituciones como el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF), impulsado por familias buscadoras, fueron desmanteladas en 2024, dejando un vacío en la búsqueda de soluciones.
El Registro Nacional de Fosas Comunes y Fosas Clandestinas (Renafo) reporta 1,789 entierros ilegales, sin precisar cuántos corresponden a fosas clandestinas y cuántos a fosas comunes.
Ante este panorama, las familias de desaparecidos enfrentan un duelo sin cuerpos, mientras las autoridades siguen sin ofrecer respuestas claras ni garantizar un mecanismo eficiente de identificación de restos humanos.
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