Llueven amparos, empresas huyen, la informalidad crece y la competitividad se desploma. Con el aumento al Impuesto sobre Nóminas (ISN), la Ciudad de México se encamina a una crisis fiscal autoinfligida. ⚡️
CDMX - Desde enero de 2025, la Ciudad de México impone la tasa más alta del país en el Impuesto sobre Nóminas (ISN), elevándolo del 3% al 4%, con el argumento de recaudar fondos para infraestructura, seguridad y movilidad. Pero detrás de la justificación oficial, la realidad es otra: una medida que ahoga a las empresas, debilita la competitividad y acelera el crecimiento de la informalidad.
Las disposiciones fiscales 2025 para la CDMX permiten al gobierno de Clara Brugada proyectar una recaudación de 45,983 millones de pesos en 2025, un 30% más que en 2024 (35,507 millones). Sin embargo, empresas como Liverpool, Soriana, Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma y Deloitte han optado por el amparo, logrando hasta el momento 55 recursos legales.
Los argumentos de las empresas son contundentes:
- Trato inequitativo, ya que micro y pequeñas empresas quedaron exentas del aumento.
- Violación al principio de proporcionalidad tributaria, pues deben cumplir con diversas obligaciones fiscales federales adicionales.
A pesar de la impugnación, las probabilidades de que los amparos prosperen son bajas. La Suprema Corte y los tribunales administrativos han respaldado incrementos previos al ISN. En 2011, el actual ministro Alberto Pérez Dayán validó la tasa del 2.5%, y en 2017 otro tribunal negó un amparo a Costco, sosteniendo que el Congreso local no necesita justificar estos aumentos.
En los hechos el discurso del gobierno capitalino es claro: "Paga más impuestos porque así lo decidimos". Pero mientras exige mayores contribuciones, la informalidad se dispara sin control. En un contexto donde las empresas han enfrentado:
- Un aumento del 269% en el salario mínimo en seis años.
- Mayores aportaciones patronales a las pensiones desde 2023.
- Más costos por primas vacacionales tras la ampliación de días de descanso.
La CDMX se vuelve menos atractiva para la inversión, con un impuesto al empleo que compite con Chihuahua (el único otro estado con la misma tasa). Empresas analizan trasladarse a entidades con menores cargas fiscales, lo que puede generar una desaceleración económica y, a largo plazo, una crisis de financiamiento gubernamental en la CDMX.
Si la capital sigue esta lógica de asfixia fiscal, el resultado será predecible: menos recaudación, menos empleo y más informalidad. La historia ha demostrado que el aumento de impuestos sin garantía de eficiencia en el gasto público genera desconfianza y evasiones masivas.
El verdadero problema no es que el gobierno recaude, sino cómo gasta. Y en un gobierno caracterizado por la opacidad y el dispendio, las empresas y ciudadanos ven cada vez menos justificación para seguir financiando lo que parece una extorsión institucionalizada.
Si la CDMX no cambia de rumbo, podría enfrentarse a un colapso de sus finanzas públicas, impulsado por su propia voracidad fiscal.
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