Después de dos semanas desde el inicio del paro estudiantil en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), el conflicto se encuentra en una encrucijada. Mientras algunas facultades han accedido a la negociación con las autoridades, otras aún resisten y exigen mayores garantías para establecer acuerdos.
Puebla de Zaragoza, Pue.- En este contexto, el respeto a la autonomía universitaria, el derecho de los estudiantes a manifestarse y la necesidad de hallar soluciones mediante el diálogo pacífico siguen siendo temas centrales en el debate público de la BUAP.
El movimiento estudiantil ha puesto en el centro de la discusión problemas estructurales que aquejan a la comunidad universitaria: deficiencias en la infraestructura educativa, insuficiencia de recursos y una atención estudiantil considerada inadecuada. En respuesta, la rectoría de la BUAP reconoció la legitimidad de estas demandas, pero enfatizó que la toma de instalaciones no puede ser el mecanismo para canalizar las inquietudes. Este punto toca un aspecto fundamental: la autonomía universitaria no solo protege la independencia de la BUAP frente a poderes externos, sino que también conlleva la responsabilidad de resolver sus conflictos internos por vías democráticas.
La protesta estudiantil es un derecho legítimo dentro de cualquier institución educativa autónoma. No obstante, este derecho debe ejercerse con respeto a la pluralidad de opiniones, de manera pacífica y sin afectar el desarrollo de las actividades académicas de quienes no participan en la movilización. En ese sentido, el paro ha generado un dilema en el que se confrontan la libertad de expresión y el derecho a la educación.
La Comisión Institucional de Diálogo ha instalado 13 mesas de negociación en Ciudad Universitaria, con avances parciales en distintas facultades. Según la abogada general de la BUAP, Miriam Olga Ponce Gómez, se ha logrado establecer comunicación con Medicina, Estomatología, Enfermería, Contaduría y Derecho. De manera reciente, el vicerrector de docencia, Jaime Vázquez López, informó que las conversaciones también han avanzado en Electrónica, Ciencias Químicas, Computación y Administración.
No obstante, la negativa de algunos sectores estudiantiles a entablar negociaciones continúa siendo un obstáculo. En la Facultad de Administración, por ejemplo, un intento de diálogo fue bloqueado cuando estudiantes impidieron la entrada de las autoridades, argumentando que no se estaban respetando los protocolos internos.
En un esfuerzo por distender el conflicto, la rectora de la BUAP, Lilia Cedillo, realizó un recorrido por los accesos de las facultades en paro y reafirmó el compromiso de la universidad con la atención a las demandas estudiantiles. Cedillo subrayó que las comisiones de diálogo están listas para recibir formalmente las peticiones y garantizó que no habrá represalias contra los estudiantes movilizados. Su postura busca reforzar la confianza en las vías institucionales como mecanismo de resolución de conflictos.
En ese entorno de alta polarización, la intervención del Consejo Universitario ha sido relevante. Aunque la máxima autoridad colegiada de la BUAP reconoció la validez de los reclamos estudiantiles, también destacó que las deficiencias institucionales no justifican la paralización total de la vida universitaria.
En eso estaba la recotra cuando surgió un punto de fuerte controversia con la intervención del gobierno estatal en el conflicto. El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, acusó a la organización Antorcha Campesina de inmiscuirse en los asuntos internos de la BUAP con fines políticos y advirtió que cualquier intento de violentar la autonomía universitaria tendría consecuencias legales. En paralelo, solicitó a la Fiscalía General del Estado (FGE) investigar la participación de actores políticos en el movimiento estudiantil.
En respuesta, la Asamblea General de Estudiantes de la BUAP rechazó cualquier vínculo con la organización señalada y afirmó que el movimiento es independiente y autónomo. Este posicionamiento es relevante, ya que la legitimidad de la protesta depende en gran medida de su carácter estudiantil y no partidista. La autonomía universitaria no solo implica independencia del Estado, sino también la capacidad de resolver sus crisis sin injerencias externas.
El conflicto en la BUAP sigue atorado. El avance es que se ha puesto sobre la mesa la necesidad de fortalecer los canales de comunicación entre estudiantes y autoridades. Las mesas negociadoras asumen que la autonomía universitaria, más que una consigna, debe ser un principio rector que garantice que los problemas internos se resuelvan mediante el diálogo y el respeto a la diversidad de opiniones sin intervención estatal.
Las protestas estudiantiles han sido históricamente un motor de cambio en las universidades, pero su eficacia radica en la capacidad de traducirse en soluciones concretas. En este caso, la consolidación de una agenda común entre las distintas facultades, la apertura a negociaciones sin condicionamientos y la garantía de que no habrá represalias serán factores determinantes para la resolución del conflicto.
A cuatro semanas del paro, el conflicto sigue entrampado. Mientras algunos sectores avanzan hacia el diálogo, otros aún se resisten a entablar conversaciones. La pregunta es si, en las próximas jornadas, ambas partes serán capaces de construir un consenso que permita preservar la autonomía, respetar el derecho a la manifestación y garantizar el retorno a la normalidad académica sin imposiciones ni amenazas.
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