“Son muy legítimas sus demandas y las vamos a atender." Lilia Cedillo – rectora BUAP
El paro estudiantil en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) ha puesto sobre la mesa un dilema que trasciende lo inmediato: ¿cómo garantizar el derecho a la protesta sin que ello vulnere la vida académica y el principio fundamental de la autonomía universitaria?
El conflicto, que va para cuatro semanas, ha sido un espejo de tensiones latentes dentro de la universidad, pero también del clima político que la rodea al ser la principal universidad de Puebla. Los estudiantes han planteado demandas legítimas sobre infraestructura, recursos y atención educativa. La rectoría, por su parte, ha instalado mesas de diálogo y ha expresado su disposición a atender peticiones, pero enfrenta la compleja tarea de restaurar la normalidad sin imponer soluciones a la fuerza.
Las mesas de negociación han logrado avances parciales, pero el cierre de Ciudad Universitaria sigue siendo un obstáculo mayor. Algunas facultades han encontrado vías de entendimiento, mientras que otras, han rechazado la interlocución con las autoridades, argumentando falta de garantías.
Este escenario evidencia la fragmentación dentro del movimiento estudiantil más allá de si los paristas son minoría (siempre lo son). Mientras algunos sectores apuestan por la negociación, otros insisten en mantener la presión con la toma de instalaciones, lo que complica una resolución pronta y efectiva.
El Consejo Universitario ha reconocido la legitimidad de las demandas, pero también ha advertido que la ocupación de los espacios universitarios no puede prolongarse indefinidamente. La rectora Lilia Cedillo ha tratado de equilibrar y conciliar, asegurando que no habrá represalias contra los manifestantes y que las puertas del diálogo siguen abiertas.
En un tono diferente, el gobernador Alejandro Armenta Mier acusó que Antorcha Campesina está detrás de los paristas. La dinámica no ha cambiado pero, ahora en ese contexto, el respeto a la autonomía universitaria es el eje central en este conflicto. La presidenta Claudia Sheinbaum ha dado garantías de que ella y el gobernador Alejandro Armenta Mier no intervendrán, salvo que las partes lo soliciten. Sin embargo, la postura del gobierno estatal se ha endurecido tras reiterar que Antorcha Campesina aceptó en pláticas con el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, que es como actor externo y que sí estaría incidiendo en la protesta.
Este señalamiento no es menor. La injerencia de organizaciones políticas en movimientos estudiantiles suele complicar las negociaciones: ¿se trata de una genuina manifestación de descontento académico o de una movilización con intereses políticos y económicos más amplios? La Asamblea General de Estudiantes ha rechazado cualquier vínculo con grupos externos, pero el debate persiste en medio de una fama pública que atribuye a la BUAP un entorno de corrupción en el manejo del presupuesto universitario con apellidos bien conocidos flotando en el ambiente.
Lo que es un hecho es la intervención de la Fiscalía General del Estado, solicitada por el gobernador, y esto marca una línea delicada. Si bien el gobierno estatal tiene el deber de garantizar el orden, cualquier intento de criminalizar la protesta podría generar una reacción aún más beligerante dentro del movimiento estudiantil.
La presidenta Sheinbaum, con un antecedente de largo aliento en el movimiento universitario de la UNAM, ha subrayado la importancia del diálogo como única vía para resolver el conflicto y ha sugerido la posibilidad de reorientar recursos para atender algunas demandas. Sin embargo, el tiempo corre y la presión aumenta, especialmente con el proceso de admisión 2025 en puerta.
Pero el punto de inflexión no llegará de fuera, sino cuando la mayoría de los estudiantes decidan si la ruta del diálogo es suficiente o si el paro se prolongará hasta obtener garantías más concretas. La clave radica en evitar que esta crisis derive en una confrontación innecesaria que desgaste a la comunidad universitaria.
La BUAP se encuentra en una encrucijada: la negociación o el estancamiento del diálogo. El desafío está en encontrar el equilibrio entre el derecho a la protesta, el respeto a la institución y la necesidad de garantizar el acceso a la educación sin imposiciones ni amenazas.
Al final, la protesta sólo puede converger en resultados positivos si hay del otro lado de la mesa madurez y responsabilidad. Fuera agendas políticas externas y la tentación autoritaria.
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