La mañana del 10 de marzo, San Andrés Azumiatla se vio sacudido por un violento enfrentamiento entre choferes de las rutas de transporte público S10 y S5, que involucró palos, tubos y piedras, y dejó como saldo un muerto y al menos un herido grave.
Puebla de Zaragoza, Pue.- El incidente, que ocurrió sobre la carretera que conecta San Andrés Azumiatla con Puebla, ha levantado numerosas preguntas, no solo sobre la brutalidad del enfrentamiento, sino también sobre las causas detrás del mismo.
El enfrentamiento entre los conductores de las rutas S10 y S5 no fue un incidente aislado, sino el resultado de tensiones previas entre los trabajadores del volante. Dos personas fueron golpeadas con extrema violencia, quedando inconscientes. Ambas fueron trasladadas rápidamente a un hospital cercano, donde lamentablemente, uno de ellos falleció debido a las graves heridas sufridas.
Testigos del enfrentamiento informaron que los agresores, descritos como porros encapuchados, atacaron a sus oponentes con bates, sometiéndolos en el suelo después de una serie de golpes en la cabeza. La escena de caos fue presenciada por varios conductores de las rutas involucradas, quienes temían por su propia seguridad mientras intentaban contener la situación.
Tras el incidente, la titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte, Silvia Tanús Osorio, ofreció una conferencia de prensa en la que identificó a los participantes de la pelea como miembros de la organización 28 de Octubre, un grupo que juega un papel importante en transporte público en la región. Sin embargo, en el lugar del incidente, varios de los involucrados en la riña indicaron que su agresión había sido perpetrada por miembros de Antorcha Campesina, una organización conocida por su influencia en diversos sectores del estado de Puebla.
El hecho de que varios testigos mencionaran a Antorcha Campesina como responsable generó confusión y desinformación. La situación se complicó cuando se comenzó a vincular al Movimiento Antorchista con las rutas de transporte público implicadas en la confrontación. Sin embargo, Antorcha Campesina reaccionó rápidamente a estas acusaciones, desmintiendo cualquier vínculo con los hechos ocurridos en San Andrés Azumiatla. La organización aclaró que no participó en la disputa y que no tiene relación con las rutas S10 y S5.
La Secretaría de Movilidad y del Transporte de Puebla, por su parte, también ofreció su versión de los hechos. Según las autoridades, el conflicto fue protagonizado exclusivamente por los integrantes de la organización 28 de Octubre, un grupo que, recientemente, ha sumado a Ángel Sierra a sus filas. Enfrente, se encontraba la cooperativa S5, liderada por Carlos Orta, un actor importante dentro del transporte público en la región. La Secretaría de Movilidad subrayó que el conflicto entre estas dos entidades fue el motor principal de la violencia que ocurrió esa mañana.
Este choque entre las dos organizaciones es reflejo de una disputa interna por el control de rutas de transporte. El hecho de que en este enfrentamiento estuvieran involucrados grupos con una fuerte presencia en la región no hace más que complicar la situación, pues las tensiones políticas y económicas entre estos transportistas no son nuevas.
El incidente de San Andrés Azumiatla es solo el último en una serie de enfrentamientos violentos que han tenido lugar en diferentes puntos de la región. Aunque la mayoría de estos choques no han tenido una magnitud tan devastadora como el ocurrido el lunes, la constante tensión entre las organizaciones que controlan el transporte público ha creado un clima de inseguridad tanto para los trabajadores como para los usuarios. La presencia de grupos violentos, como los mencionados por algunos testigos, genera un ambiente de miedo y desconfianza.
Las acusaciones de implicación de Antorcha Campesina en los hechos, aunque rápidamente desmentidas, reflejan un panorama más complejo: las disputas entre estas organizaciones no solo afectan la seguridad de los trabajadores del volante, sino también la percepción pública sobre la estabilidad del transporte en Puebla. La falta de claridad sobre la autoría de los enfrentamientos hace más difícil la labor de las autoridades para garantizar el orden y la paz en las rutas de transporte.
Mientras las autoridades locales investigan los motivos y los responsables de la violencia en San Andrés Azumiatla, la pregunta que persiste es cómo se resolverá esta creciente inestabilidad en el transporte público que lleva años bajo el mismo patrón de comportamiento.
La intervención de grupos como la 28 de Octubre y la cooperativa S5 apunta a que el conflicto tiene raíces profundas y recuerda las vulnerabilidades no resueltas del sistema de transporte público en Puebla, un sistema donde los problemas crecen y las disputas de poder entre grupos arroja como saldo consecuencias trágicas.
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