“Cuando se juega con fuego, a veces el peligro no es la llama, sino el viento que la aviva."Proverbio – Popular
El caso de Ismael "El Mayo" Zambada, tiene prendidas las alarmas en el ámbito político y jurídico de México.
No confundir: lejos de simbolizar la soberanía nacional, "El Mayo" es, ante todo, un criminal que ha disfrutado de décadas de poder y que, por sus presuntas relaciones con políticos de alto nivel de todos los partidos, ha recibido una atención desproporcionada. Su notoriedad no lo convierte en un emblema de la independencia nacional, sino en un recordatorio de las complicadas alianzas entre el crimen organizado y los políticos mexicanos.
Una de las afirmaciones más polémicas es que Zambada habría sido secuestrado en territorio mexicano para ser entregado ilegalmente a Estados Unidos. Sin embargo, esta versión resulta jurídicamente insostenible, ya que, según la información legal disponible, dicha operación fue llevada a cabo por Joaquín Guzmán López —hijo de El Chapo Guzmán, quien también se entregó a las autoridades norteamericanas— y no por agentes estadounidenses en territorio nacional.
Para que una acción de esta naturaleza constituyera un acto ilegal por parte de Washington, habría que demostrar que agentes del gobierno estadounidense participaron activamente en territorio mexicano sin autorización, lo que violaría el principio de soberanía consagrado en la Convención de Montevideo (1933) y el artículo 89 de la Constitución mexicana. Sin embargo, hasta ahora el gobierno norteamericano ha guardado silencio y no existen pruebas contundentes por parte de la Fiscalía General de la República, que dirige Alejandro Gertz Manero, de que haya ocurrido una intervención directa de ese tipo. Tampoco existe queja diplomática formal respecto al caso.
Desde el punto de vista del derecho internacional, el traslado de "El Mayo" puede analizarse en el contexto de la doctrina Ker-Frisbie, establecida por la Suprema Corte de EE.UU., la cual sostiene que un acusado puede ser juzgado en territorio estadounidense incluso si su aprehensión no se realizó conforme a un proceso de extradición formal, siempre y cuando el traslado no viole directamente las leyes de EE.UU. o tratados internacionales vinculantes.
En este sentido, el tratado bilateral de extradición entre México y EE.UU. de 1978 regula estos procesos, pero su aplicación en casos como el de Zambada es limitada, ya que no prohíbe explícitamente la recepción de un acusado si éste ha sido entregado por terceros sin intervención oficial estadounidense. Esta misma ambigüedad jurídica fue utilizada en el caso de Humberto Álvarez Machain en 1992, cuando la Suprema Corte de EE.UU. determinó que su captura en México y posterior traslado forzado a EE.UU. no impedía su procesamiento legal, al no existir una cláusula explícita en el tratado que lo prohibiera.
Frente a este panorama, Región Global acertadamente ha hecho uso de la teoría clásica del Dilema del Prisionero para analizar la situación de Sheinbaum. Si decide repatriar a Zambada, podría proyectar una imagen de firmeza e independencia, pero a costa de tensionar aún más una relación bilateral que ya enfrenta desafíos estructurales. Por otro lado, abstenerse de intervenir le permitiría evitar riesgos inmediatos, aunque podría ser interpretado como una señal de debilidad o sumisión ante Washington.
Desde la perspectiva del Equilibrio de Nash, la mejor estrategia para Sheinbaum parece ser la de no intervenir directamente. En términos prácticos, el gobierno de México no tiene una vía jurídica clara para exigir la devolución de Zambada si éste se encuentra bajo jurisdicción estadounidense, ya que la extradición inversa (de EE.UU. a México) solo se realiza en casos excepcionales y bajo criterios de reciprocidad judicial.
Sin embargo, esta estrategia también tiene riesgos: si figuras como Trump deciden interpretar la pasividad mexicana como una falta de cooperación en materia de seguridad, podrían responder con medidas unilaterales, como sanciones económicas o mayor presión migratoria. Por el contrario, si Sheinbaum intenta repatriar a Zambada, la Casa Blanca podría considerar la acción como una hostilidad directa, lo que agravaría aún más las tensiones.
Bajo cualquier escenario, el caso Zambada tiene ya un costo político enorme. La pregunta que queda en el aire es clara: ¿cuánto de la soberanía real de México está dispuesta a sacrificar Sheinbaum por "El Mayo" Zambada?
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