La de hoy fue una jornada en el Senado de la República que evidenció el control del Ejecutivo sobre el proceso legislativo. Por la mañana la presidenta Claudia Sheinbaum dejó en claro un mensaje: “no más cambios” a la reforma del Infonavit, un mandato que se tradujo en la aprobación casi automática de la iniciativa en las comisiones del Senado.
CDMX - Con 18 votos a favor, 7 en contra y 2 abstenciones, las comisiones de Reordenamiento Urbano y Vivienda y Estudios Legislativos aceptaron la minuta sin modificaciones, dejando entrever que la reforma avanzará en los términos que desea la presidenta Claudia Sheinbaum.
El llamado categórico de Sheinbaum a limitar cualquier alteración en la reforma se interpretó como una instrucción directa para encauzar el proceso legislativo sin contrapartida. Este mensaje, sumado a la aprobación en comisiones, sugiere un escenario en el que la discusión se restringe a los términos previamente establecidos por el Ejecutivo, minimizando el debate y la participación de sectores críticos. Así, la iniciativa se perfila como un instrumento para consolidar una reforma que refuerza el control del gobierno sobre el Infonavit.
Entre los cambios más polémicos se encuentra la creación de una empresa filial destinada a la construcción de viviendas. Este mecanismo, que permitiría al Infonavit ampliar su capacidad constructiva mediante alianzas con el sector privado, ha generado alarma en la oposición. Críticos como el senador Ricardo Anaya señalan que esta medida podría facilitar el uso discrecional de los recursos —alrededor de 2 billones de pesos—, que originalmente pertenecen a los trabajadores.
Además, la reforma contempla profundas modificaciones en la estructura interna del instituto:
- Reducción de representación: La Asamblea General pasaría de 45 a 30 integrantes, y el Consejo de Administración de 15 a 12, disminuyendo la voz de trabajadores y empresarios.
- Centralización del poder: La designación de la Dirección General quedaría en manos de la Presidencia, eliminando la antigua dinámica de propuestas y decisiones de la Asamblea.
- Reasignación de funciones de supervisión: La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) perdería sus facultades de supervisión, transfiriéndose estas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), lo que podría limitar la transparencia en la administración del fondo.
Ante este panorama, sectores empresariales y sindicales han expresado su preocupación. Líderes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) enfatizan la necesidad de proteger los ahorros de los trabajadores, advirtiendo que la reforma no debe comprometer estos recursos. Por su parte, la oposición argumenta que la creación de la empresa filial y la redistribución de competencias representan un retroceso democrático, al concentrar el poder y reducir la rendición de cuentas.
Organizaciones sindicales, además, han elevado quejas ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), alertando que no solo están en juego los fondos destinados a la vivienda, sino también otros recursos que afectan directamente a los trabajadores que han pagado de más en sus créditos.
La inmediatez y la aprobación sin modificaciones de la reforma evidencian un proceso legislativo que, en lugar de ser fruto de un debate amplio y participativo, parece haber sido orquestado para garantizar que el proyecto avance según lo dictado por el Ejecutivo.
Mientras se celebra la inminente aprobación de la reforma, surgen interrogantes fundamentales sobre si esta medida realmente responderá a la necesidad de generar viviendas accesibles o si, por el contrario, se trata de una maniobra para centralizar el poder y facilitar el manejo discrecional de recursos que pertenecen a los trabajadores.
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