⚠️ Estados Unidos intensifica su presión sobre México, mientras la política de "abrazos, no balazos" deja al país en una posición vulnerable. 🇺🇸⛔🇲🇽
El despliegue de fuerzas militares estadounidenses en la frontera con México, así como en aguas y espacios aéreos internacionales colindantes con nuestro país en el Golfo de California, es un reflejo de una realidad que ya no se puede ignorar: la actividad criminal en México ha alcanzado tal magnitud que ha debilitado no sólo las instituciones nacionales, sino también la soberanía del país.
Bajo la nueva administración de Donald Trump, el gobierno de Estados Unidos ha dejado claro que la seguridad fronteriza es una prioridad, y que todas las opciones están sobre la mesa para frenar a los cárteles mexicanos, a los que ahora cataloga como grupos terroristas.
El anuncio del despliegue de 10 mil soldados mexicanos en la frontera, junto con la pausa temporal de los aranceles del 25% a productos mexicanos, es una clara señal de cómo Washington está forzando a México a alinearse con su estrategia de seguridad. Esta acción no solo refleja el peso de la presión estadounidense, sino también la falta de una política efectiva en México para hacer frente al crimen organizado.
La administración de Claudia Sheinbaum, heredera del legado criminal de Andrés Manuel López Obrador, más allá de su creciente popularidad, enfrenta una crisis en la que su capacidad para combatir al narcotráfico es ampliamente cuestionada en Washington.
El esquema de "abrazos, no balazos" impulsado por el gobierno de López Obrador no solo fracasó en contener al crimen organizado, sino que permitió su expansión, facilitada por una mezcla de colusión, corrupción e impunidad. Como resultado, el crimen organizado creció tanto que no solo ha infiltrado el aparato estatal y amplias regiones del territorio nacional, sino que también ha puesto en riesgo la estabilidad de la relación con Estados Unidos.
La declaración de emergencia nacional en la frontera con México, el despliegue militar estadounidense, los ejercicios y recorridos militares alrededor del Golfo de California, junto con la amenaza de utilizar bases militares como Guantánamo para la detención y expulsión de migrantes, son indicios de una escalada que podría tener consecuencias impredecibles para México.
Por otro lado, la postura de Canadá al sumarse a la clasificación de los cárteles mexicanos como terroristas refuerza la narrativa de que el problema del narcotráfico ya no es solo una crisis interna de México, sino una amenaza global. En este contexto, la respuesta de Sheinbaum ha sido tibia: rechazar la designación de terroristas (“porque no ayuda”) sin ofrecer una estrategia doméstica creíble para contener a estos grupos.
En la narrativa de EE.UU., el fentanilo y otras drogas continúan fluyendo hacia su territorio. En la de México, las armas de contrabando siguen ingresando a nuestro país, alimentando la violencia y la impunidad.
Lo anterior ilustra que en el fondo no hay diálogo, sino una imposición de políticas de seguridad de EE.UU. a México en medio del debilitamiento de las instituciones mexicanas. Esta crisis ha llevado al país a un punto de inflexión: la presencia de fuerzas estadounidenses en el entorno territorial de México es una señal clara de que Washington está dispuesto a actuar de manera unilateral si considera que el gobierno mexicano no cumple con sus expectativas en materia de seguridad.
Esto plantea interrogantes muy serias: ¿hasta dónde está dispuesto Estados Unidos a intervenir? Y, por otro lado, ¿hasta dónde está dispuesto México a ceder ante la presión de su poderoso vecino?
Lo que se observa al final de este capítulo en la relación bilateral es la consecuencia directa de la impunidad con la que ha operado el crimen organizado bajo la política de "abrazos, no balazos", y cómo el crecimiento descontrolado de la actividad criminal no solo ha debilitado al Estado mexicano, sino que también ha puesto en riesgo la soberanía nacional y podría generar repercusiones más allá de las fronteras.
La situación exige un replanteamiento urgente de la estrategia de seguridad interna, basado en el fortalecimiento de las instituciones, el combate frontal a la corrupción y una política que priorice la seguridad ciudadana sobre la retórica populista. Pero esto no ocurrirá.
El gobierno de México no tomará internamente medidas contundentes, la presión de EE.UU. seguirá aumentando y la soberanía del país podría convertirse en un concepto cada vez más frágil.
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