La presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta una encrucijada con la solicitud de repatriación de Ismael "El Mayo" Zambada. ¡Cualquier decisión que tome va a marcar el derrotero de su gobierno y definir su relación con Estados Unidos!
El reciente pedido de repatriación del capo sinaloense Ismael "El Mayo" Zambada ha puesto a la presidenta Claudia Sheinbaum en una posición extremadamente delicada. Paradójicamente, aunque posee el mayor poder presidencial en la historia reciente de México, este caso puede fortalecer o debilitar su autoridad de manera significativa. Cualquier postura que tome implica riesgos y será analizada con lupa, tanto en el ámbito nacional como internacional.
Se sabe que el gabinete de seguridad federal sugiere que la postura del gobierno sea extremadamente cautelosa. Le recomiendan limitarse a solicitar información a través de una nota diplomática y ofrecer la asistencia consular mínima requerida por tratados internacionales, pero sin promover activamente su retorno a México.
Sheinbaum está considerando que un reclamo enérgico podría ser percibido por la administración de Donald Trump como una falta de compromiso en la lucha contra el narcotráfico. Esto podría derivar en medidas drásticas como la intensificación de operativos contra el narcotráfico por parte de los EE.UU., afectando la estabilidad interna de México, o incluso la imposición de nuevos aranceles comerciales.
Uno de los argumentos principales de la defensa de Zambada es el temor de que se le aplique la pena de muerte en Estados Unidos. Ante esto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) podría gestionar ante Washington que no se le imponga este castigo, pero bajo una justificación meramente diplomática y no en defensa del capo. México, por principio, se opone a la pena capital en cualquier circunstancia, por lo que esta petición sería congruente con su política exterior.
En su petición de repatriación, Zambada alega haber sido víctima de un "secuestro transfronterizo" realizado sin un proceso legal de extradición. Argumenta que su captura y traslado a Texas violaron los procedimientos internacionales y que, en consecuencia, el gobierno de México está obligado a exigir su retorno.
El gabinete de seguridad reconoce que la Fiscalía General de la República (FGR) podría abrir una investigación para determinar si su traslado constituyó un delito en territorio mexicano. Sin embargo, recomienda que este proceso no se politice ni se convierta en un obstáculo para la cooperación bilateral con Estados Unidos.
Cualquier acción del gobierno mexicano en este caso podría desencadenar reacciones adversas por parte de Estados Unidos. Trump podría endurecer su postura en temas como armamento, extradiciones, inteligencia y financiamiento en seguridad. Además, nombrados y reconocidos los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, una acción percibida como una defensa a Zambada podría provocar presión del Congreso estadounidense para fortalecer legislaciones contra el tráfico de drogas y lavado de dinero, lo que afectaría gravemente a México.
El análisis interno del gabinete recomienda que lo mejor para Sheinbaum es mantener una postura estrictamente institucional y evitar cualquier interpretación de protección a un narcotraficante. Exigir la repatriación de Zambada y la nulidad de su proceso judicial podría acarrear costos diplomáticos, comerciales y de seguridad que el país no está en condiciones de asumir.
La situación de El Mayo Zambada pone a Claudia Sheinbaum en una disyuntiva severamente crítica. Si toma una postura activa en su defensa, corre el riesgo de ser vista como una líder que protege al crimen organizado. Si se desentiende del caso, podría enfrentar las amenazas de Zambada, pero hechas realidad.
Quién diría: Claudia Sheinbaum vive un momento en el que su poder es enorme, pero su margen de maniobra es muy reducido. Su decisión en este caso definirá el resto de su presidencia y su relación con Estados Unidos.
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