El reciente episodio de presión arancelaria por parte de Estados Unidos hacia México ha puesto en evidencia una realidad que muchos prefieren ignorar: el precio de la negligencia, la corrupción y la incapacidad gubernamental es cada vez más alto.
Región Global - La tregua temporal conseguida por el gobierno mexicano frente a los aranceles del 25% no es una victoria diplomática, sino una concesión obligada ante un país que ha perdido el control de su propio territorio y de sus propias políticas públicas.
México se ha convertido en una zona de tránsito para cientos de miles de migrantes que buscan llegar a Estados Unidos. Sin un control eficiente, las rutas migratorias están dominadas por grupos criminales que extorsionan, secuestran y esclavizan a quienes intentan cruzar el país. La falta de regulación no solo ha generado una crisis humanitaria, sino que ha provocado una respuesta contundente por parte de Estados Unidos, que ahora exige a México asumir responsabilidades que, de haberse atendido con oportunidad, no serían una amenaza comercial y diplomática.
Trump, con su característico pragmatismo, ha dejado en claro que no tolerará la inacción de México en estos temas. Y aunque el gobierno de Sheinbaum ha cedido a la presión con el despliegue de 10,000 soldados en la frontera norte, la pregunta de fondo sigue en el aire: ¿Cuándo asumirá México el control de su territorio por convicción y no por coerción?
Si la crisis migratoria ya es un problema, la penetración del crimen organizado en todos los niveles del país es un desastre de proporciones mayúsculas. El narcotráfico no solo ha secuestrado a comunidades enteras en México, sino que también ha exportado su violencia y sus productos ilícitos al mundo, particularmente a Estados Unidos. La epidemia del fentanilo es una de las razones principales por las que Trump ha decidido presionar a México con medidas económicas. La Casa Blanca ha dejado claro que el gobierno mexicano no solo ha sido ineficaz en detener el tráfico de drogas, sino que además se le percibe coludido con los mismos cárteles que dicen combatir.
Este señalamiento directo desde Washington pone a México en una posición internacional insostenible. Ya no se trata solo de la lucha contra el narcotráfico, sino del reconocimiento de que México no tiene capacidad, y quizás tampoco voluntad, de desmantelar las redes criminales que operan con total impunidad.
El problema no es solo el crimen organizado; es también un gobierno incapaz de enfrentarlo, ya sea por inoperancia o complicidad. La corrupción ha permeado todas las instituciones mexicanas, desde la policía hasta la política de alto nivel. Es alarmante que la Casa Blanca ya hable abiertamente de la relación del gobierno mexicano con los cárteles. Esto no es solo un golpe diplomático, es una vergüenza internacional.
Cada peso desviado por políticos corruptos, o por malas decisiones, es un peso que no se invierte en seguridad, en justicia, en fortalecer el Estado de derecho. Cada error gubernamental en materia de seguridad es una concesión a los criminales y un paso más hacia la ingobernabilidad. Y cada omisión gubernamental es un pretexto más para que Estados Unidos justifique su intervención, ya sea económica o, eventualmente, militar.
¿Cómo puede México sostener negociaciones con su principal socio comercial, que es el país más poderoso del mundo, cuando su casa está en llamas? Estados Unidos no está lidiando con un interlocutor fuerte, sino con un país que no ha podido resolver sus problemas internos. Negociar con Trump bajo estas circunstancias es equivalente a sentarse en la mesa con las cartas marcadas: cualquier concesión será vista como insuficiente y cualquier resistencia como obstinación.
Sheinbaum ha logrado ganar un mes de tregua, pero al costo de desplegar 10,000 soldados más en la frontera. El problema es que no hay garantía de que esto será suficiente. Si la migración y el tráfico de drogas no disminuyen en los próximos 30 días, los aranceles volverán a la mesa y México habrá cedido sin recibir nada a cambio.
El verdadero problema de México no es solo el crimen organizado, sino la ineficacia, inoperancia y complicidad de su gobierno. Un país que no puede garantizar seguridad a sus ciudadanos, que no puede detener el flujo de drogas y que depende de la presión extranjera para hacer lo que debería ser su trabajo, es un país al borde de la inviabilidad.
Si México no toma medidas urgentes para reconstruir su Estado de derecho, pronto no será solo Estados Unidos el que dicte las condiciones. El costo de la negligencia seguirá aumentando hasta que, en el futuro, no quede nada que negociar, porque México habrá perdido su soberanía de facto.
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