⚖️ Pakistán condena a 60 civiles a penas de hasta 10 años de prisión por ataques a instalaciones militares tras la detención de Imran Khan. 🌍 La medida desata críticas internacionales por falta de transparencia. 🇵🇰
InfoStockMx.- El 26 de diciembre de 2024, un tribunal militar en Pakistán emitió sentencias de entre dos y diez años de prisión contra 60 civiles involucrados en disturbios y ataques a instalaciones militares. Estos hechos se produjeron tras la controvertida detención del ex primer ministro Imran Khan en mayo de 2023.
Entre los condenados se encuentran Hassan Khan Niazi, sobrino del exlíder, y dos oficiales militares retirados. Las autoridades aseguran que estas medidas buscan restablecer el orden, mientras la oposición y varios grupos internacionales denuncian la falta de garantías procesales.
El caso forma parte de una serie de juicios realizados en tribunales militares, en los cuales ya se habían condenado a 25 civiles previamente, elevando a 85 el total de sentenciados. Estas decisiones han generado preocupación internacional, con Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea expresando dudas sobre la transparencia de los procesos y las condiciones de los juicios.
A pesar de las críticas, el gobierno de Pakistán, respaldado por las fuerzas armadas, ha defendido estas medidas como necesarias para garantizar la justicia y la estabilidad en el país. Las autoridades rechazan cualquier motivación política en las acciones legales contra los simpatizantes de Khan.
Los disturbios de mayo de 2023 marcaron un punto de inflexión en la política paquistaní, con manifestaciones que derivaron en enfrentamientos violentos, especialmente contra instalaciones militares. El liderazgo de Imran Khan, actualmente encarcelado y enfrentando múltiples cargos, sigue polarizando el panorama político del país.
Las sentencias contra los seguidores de Imran Khan subrayan la delicada situación política y judicial de Pakistán. Aunque las autoridades insisten en que estas acciones buscan la justicia, la comunidad internacional continúa exigiendo mayor transparencia y respeto a los derechos humanos en los procesos judiciales.
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