Samuel García, gobernador de Nuevo León, nuevamente está bajo sospecha de corrupción tras concretar la adquisición de un rancho de 700 hectáreas en Burgos, Tamaulipas, días después de que su administración adjudicara un contrato por más de 7 mil millones de pesos al consorcio Garza Ponce para la ampliación de las líneas 4 y 6 del Metro.

InfoStockMx.- El consorcio obtuvo el contrato pese a que el Estado "perdonó" fallas estructurales detectadas en diciembre de 2022 en la Línea 2, obra que realizó en conjunto con Siemens y Bombardier durante el sexenio de Natividad González Parás. Las ampliaciones, asignadas el 18 de diciembre de 2023, incrementaron su costo inicial de 7 mil 12 millones de pesos a 12 mil millones, sin justificación aparente.

La Línea 4, proyectada del Hospital de Gine a Miravalle, ahora llegará al Casco de Santa Catarina. La Línea 6, que iría del Hospital de Gine al Centro de Apodaca, se extenderá hasta el Aeropuerto Internacional de Monterrey.

El 20 de diciembre de 2023, dos días después de la adjudicación, se emitió un aviso preventivo del terreno en Burgos, donde el fideicomiso Banca Afirme, de la familia Garza Ponce, cedió la propiedad a Saga Tierras y Bienes Inmuebles, representada por el gobernador y su padre, Samuel Orlando García Mascorro. El documento, formalizado ante el Notario Público 149, Andrés Alonso Rodríguez Mercado, aún no se registra oficialmente.

El senador Luis Donaldo Colosio pidió al gobernador explicar el origen de los recursos para esta compra, señalando: "Tenemos la obligación como servidores públicos de salir a aclarar." Por su parte, García desestimó las acusaciones en redes sociales, calificándolas de "falsas" sin presentar pruebas o documentos.

El rancho, con valor comercial estimado en 800 millones de pesos, incluye dos casas, alberca, represas, áreas sociales, una sala de trofeos con animales exóticos de caza y un helipuerto. Esta adquisición se suma a un terreno de 17.6 hectáreas en el Cerro de la Mesa de la Corona, valuado en 700 millones.

La propiedad está bajo sospecha de corrupción debido a que, inicialmente, el gobierno estatal afirmó que buscaría responsabilidad penal contra las empresas responsables de fallas estructurales en la Línea 2, pero excluyó a Garza Ponce y sus socios de la denuncia, centrando la acción legal en la estadounidense Weidlinger Associates.

Una más del gobernador Samuel García, siempre reacio a aclarar las transacciones que lo ponen bajo la lupa, por la forma discrecional con la que maneja el presupuesto de Nuevo León.