En un México azotado por la violencia, Sinaloa se ha convertido en un emblema de la incapacidad gubernamental para contener al crimen organizado.

A pesar de los múltiples operativos coordinados por Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, y la aparente dirección firme de la presidenta Claudia Sheinbaum, ambos parecen estar solos en una lucha desigual contra un sistema que los aísla y los deja expuestos.

InfoStockMx.- Las cifras son devastadoras: Más de 600 muertes violentas en la reciente oleada de enfrentamientos entre la “Mayiza y la “Chapiza”; más de 5,584 desapariciones en lo que va de 2024 y una escalada de todo tipo de delitos, como robos, secuestros y extorsiones, que supera por mucho los registros de 2023.

El combate al crimen parece una batalla interminable, con un gobierno dividido y autoridades locales que operan en modo de resistencia pasiva.

La captura de importantes líderes criminales y el desmantelamiento de células delictivas han sido celebrados por el gobierno federal. Sin embargo, cada golpe parece desencadenar una respuesta aún más violenta. Ejemplo claro fue la detención de Horacio "N", hermano de un importante operador criminal, junto a otros cinco cómplices. El operativo incluyó el decomiso de armas largas y drogas, pero la violencia no se detuvo: bloqueos, enfrentamientos y asesinatos continúan en las calles de Culiacán.

El panorama no es mejor en la Ciudad de México, donde líderes criminales como Yahir “N” y Cristian Geovani “N” fueron aprehendidos, aunque el poder de sus organizaciones sigue latente. La seguridad parece un espejismo, frágil y temporal.

Mientras el gabinete de seguridad realiza reuniones y operaciones, en los hechos, los gobernadores locales parecen más interesados en mantener distancia. Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, trascendió que prefiere “acordar” directamente con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, dejando a un lado a la presidenta Sheinbaum y a Harfuch. El resultado: una estrategia fragmentada y debilitada desde su concepción.

Los gobiernos estatales argumentan falta de recursos y atribuyen los delitos graves al ámbito federal. Sin embargo, detrás de estas excusas se esconde una indiferencia política peligrosa. La desconfianza y el cálculo político socavan los esfuerzos para combatir una crisis de seguridad que no hace distinciones de fronteras estatales ni niveles de gobierno.

El costo de esta violencia trasciende lo humano. Retomando, Sinaloa es también uno de los estados con el peor desempeño económico del país, según el INEGI. El estancamiento del Producto Interno Bruto es una consecuencia directa de un entorno dominado por el crimen y la incertidumbre. Inversiones paralizadas, negocios cerrados y un tejido social deshecho completan este cuadro desolador.

Así arriba México al 2025. Con una crisis que va más allá de la seguridad pública; es una crisis de gobernabilidad y confianza. La falta de coordinación y la constante disputa política entre autoridades federales y locales hacen imposible diseñar una estrategia integral y efectiva.

En este contexto, los ciudadanos son las verdaderas víctimas: atrapados en una guerra que no eligieron, mientras la política de seguridad se desmorona nuevamente bajo el peso de sus propias contradicciones. El crimen organizado avanza, fortalecido por la desunión gubernamental.

Claudia Sheinbaum intenta liderar una nación herida y, queda claro, que lucha por no rendirse en una “guerra” que parece no tener fin.