Mientras el Gobierno de México refuerza acciones contra el contrabando y la piratería, con operativos emblemáticos como el de la plaza comercial en Izazaga 89, en Puebla, la vigilancia del comercio irregular parece carecer de fuerza y resultados claros.
Puebla de Zaragoza, Pue.- El pasado 28 de noviembre, un operativo coordinado por la Secretaría de Economía, con apoyo de fuerzas federales, clausuró una plaza de 16 pisos en el corazón de la Ciudad de México, señalada como uno de los mayores puntos de distribución de productos de contrabando provenientes de China. La acción incluyó el decomiso de mercancías apócrifas y la solicitud de extinción de dominio del inmueble, ubicado a escasas cuadras de Palacio Nacional.
La presidenta Claudia Sheinbaum, al ser cuestionada sobre estos operativos, afirmó el día de hoy que continuarán “si es necesario” y dejó claro que estas acciones responden a una estrategia conjunta entre el Gobierno capitalino y la Secretaría de Economía, liderada por Marcelo Ebrard. Este endurecimiento coincide con las presiones del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, contra los productos chinos en el marco de las tensiones comerciales globales.
¿Y Puebla? Vigilancia débil y contradicciones locales
Mientras la capital toma medidas contundentes, en Puebla el panorama es más opaco. El subsecretario de Ingresos del estado, Marco Polo Sánchez Farfán, reconoció que no existe un registro claro del número de comercios relacionados con contrabando ni una estrategia coordinada para combatirlos.
El funcionario señaló que las licencias de funcionamiento son otorgadas por los ayuntamientos, pero en muchos casos los giros declarados no corresponden con las actividades reales. “Un ejemplo claro es un negocio que tenía licencia como restaurante, pero operaba evidentemente como comercio al por menor”, admitió.
Sin embargo, las acciones de la Secretaría de Planeación y Finanzas parecen limitadas a labores de inteligencia y verificaciones fiscales, realizadas “de acuerdo con las capacidades operativas de la dependencia”. Estas limitaciones dejan a Puebla lejos de los estándares de control implementados a nivel federal.
La conexión entre contrabando y evasión fiscal
El caso de Puebla ilustra una problemática estructural: el contrabando no solo afecta la economía formal y el comercio local, sino que también alimenta la evasión fiscal. En contraste con los operativos en Ciudad de México, la falta de rigor en Puebla pone en duda la capacidad de las autoridades estatales para enfrentar un problema que involucra redes internacionales, corrupción y vacíos en la regulación municipal.
Mientras Sheinbaum y Ebrard encabezan acciones que envían un mensaje firme a nivel nacional e internacional, Puebla queda rezagada, atrapada en problemas de capacidad operativa y coordinación interinstitucional.
La lucha contra el contrabando en México es una guerra en múltiples frentes, pero la desigualdad en las respuestas de las entidades federativas refleja un vacío preocupante. Los esfuerzos nacionales no serán suficientes si estados como Puebla no logran alinear sus estrategias y garantizar resultados más contundentes.
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