CDMX.- Lavalle Mauri, quien fue liberado bajo medidas cautelares y porta un brazalete electrónico, se convierte ahora en un controvertido integrante de una administración que se autodenomina parte de la "Cuarta Transformación".
La decisión ha generado fuertes críticas, pues Lavalle Mauri es el único político procesado formalmente en el caso Odebrecht, un escándalo de corrupción que afectó a gran parte de América Latina. Su incorporación a un gobierno estatal encabezado por Morena plantea interrogantes sobre la coherencia del discurso anticorrupción que ha sostenido el presidente Andrés Manuel López Obrador, ahora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, y los gobernadores de su partido.
En la reciente conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum Pardo, fue cuestionada sobre la controvertida decisión de su correligionaria. Sin dudarlo, se desmarcó con una respuesta contundente:
"Es una decisión de Layda, la gobernadora. Yo les puedo decir que yo no lo hubiera invitado a mi gobierno."
El ingreso de Lavalle Mauri a la administración estatal campechana plantea serios cuestionamientos sobre los criterios de selección de funcionarios en un movimiento político que ha pregonado el combate a la corrupción como uno de sus pilares centrales. La narrativa oficial de Morena se ha basado en la promesa de erradicar el "neoliberalismo corrupto", señalando constantemente a gobiernos anteriores como responsables de desfalcos y abusos de poder.
Sin embargo, la incorporación de un político vinculado a uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia reciente parece contradecir estos principios. Analistas consideran que esta decisión podría estar motivada por cálculos políticos para consolidar alianzas de poder y dinero en Campeche, un estado con una compleja estructura política.
La respuesta de Claudia Sheinbaum marcó distancia y dejó expuesta a Layda Sansores. El silencio del resto de la dirigencia de Morena sobre el caso también ha sido interpretado como un intento de minimizar el impacto mediático. Sin embargo, la crítica ciudadana dentro y fuera de Campeche crece: ¿cómo puede un partido que prometió "no mentir, no robar y no traicionar" justificar esta inclusión?
La Cuarta Transformación enfrenta una nueva prueba en su discurso anticorrupción.
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