"El gran error consiste en confundir los problemas creados por la falta de mercado con los problemas creados por la presencia del Estado." — Milton Friedman, Capitalismo y libertad (1962).
El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2025, propuesto por la administración de Claudia Sheinbaum, plantea un cambio radical en las prioridades del gasto público en México.Áreas prioritarias como seguridad y salud enfrentan recortes severos. En cambio, el presupuesto destina incrementos notables a proyectos de desarrollo urbano e infraestructura.
¿Por qué proyectos vinculados a la urbanización son la prioridad del primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum?
Esto se observa en el fortalecimiento presupuestal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), lo que está orientado a consolidar un modelo de negocio basado en la urbanización financiada por recursos públicos.
El PEF 2025 no solo es un instrumento financiero, sino un reflejo de las prioridades de la primera administración federal encabezada por una mujer en México. Aunque tradicionalmente el presupuesto público busca equilibrar necesidades sociales críticas como seguridad, salud y desarrollo sustentable, en este caso se observa una notable concentración de recursos en urbanismo e infraestructura urbana.
¿Responde esta estrategia a un modelo de desarrollo inclusivo o al fortalecimiento de un negocio estatal de urbanización?
- Sedatu: Con un incremento de 183.3%, su presupuesto asciende a 38,048 millones de pesos, el más alto en su historia reciente. Este aumento está enfocado en programas de vivienda y desarrollo urbano.
- SICT: Con un 72% más de recursos, su asignación alcanza 140,799 millones de pesos, reflejando un enfoque en infraestructura vial y transporte.
Ambas dependencias están estrechamente relacionadas con proyectos de desarrollo urbano masivo, que tradicionalmente han implicado una gran inyección de recursos públicos y, en muchos casos, asociaciones con actores privados.
Con base en lo anterior, es claro que la presidenta Claudia Sheinbaum replicará el modelo de gobierno que usó como jefa de gobierno de la Ciudad de México, solo que ahora a escala nacional. La cobertura no será generalizada, sino puntual. Pero esto aún no queda específicamente establecido en el PEF 2025.
Lo que sí queda claro es que el modelo presupuestal refleja una fuerte apuesta por la urbanización, que históricamente ha estado vinculada a la especulación inmobiliaria, la creación de megaproyectos y la expansión de infraestructura en zonas estratégicas. Este enfoque puede generar ingresos a través de concesiones, licitaciones y otros mecanismos financieros, consolidando un modelo de negocio estatal basado en la urbanización.
En la Ciudad de México, este enfoque generó resultados mixtos con una tendencia no redistributiva, sino de especulación y encarecimiento inmobiliario. Estos resultados podrían replicarse más allá del discurso que plantea hacer asequible la vivienda a jóvenes trabajadores.
Motor de desigualdades
El impulso a la urbanización sin un enfoque redistributivo, como ocurrió recientemente en la Ciudad de México, podría exacerbar las desigualdades, concentrando recursos en áreas urbanas desarrolladas mientras se abandonan completamente áreas suburbanas y comunidades marginadas.
Lo anterior está a la vista de todos en la Ciudad de México. Ahora bien, si consideramos los recortes a sectores como la salud y la seguridad, queda claro que el bienestar de millones de mexicanos va a quedar comprometido.
El enfoque en infraestructura y proyectos de urbanización puede ser un motor de inversión y crecimiento económico. Sin embargo, si no se aborda con un enfoque inclusivo, corre el riesgo de convertirse en un mecanismo que beneficie a unos pocos mientras sacrifica las necesidades de muchos.
La notable concentración de recursos en Sedatu y SICT, como refleja el PEF 2025, plantea serias preguntas sobre la dirección estratégica del gasto público. Aunque estas áreas son fundamentales para el desarrollo, el presupuesto carece de un plan claro que asegure que estas inversiones generen beneficios redistributivos o inclusivos.
Por el contrario, el modelo propuesto parece inclinarse hacia el fortalecimiento de intereses privados, dejando de lado objetivos públicos esenciales. El éxito o fracaso de esta estrategia dependerá de la capacidad del gobierno para garantizar que la urbanización se traduzca en beneficios equitativos, sostenibles y, sobre todo, accesibles para quienes más lo necesitan.
No obstante, será hasta que "el toro haya pasado" cuando se pueda evaluar si la presidenta cumplió con su promesa de brindar vivienda digna para los sectores más vulnerables. A pesar de su discurso de que "no es construir viviendas por construir viviendas, esa es la gran diferencia entre el periodo neoliberal y la Cuarta Transformación", los hechos podrían contar otra historia.
La experiencia en la Ciudad de México muestra que, bajo su gestión, los costos de vivienda se dispararon como nunca antes, incluso más que en el tan criticado periodo neoliberal. Esto pone en evidencia un problema recurrente: cuando los medios no se alinean con los fines, las promesas de justicia social y equidad terminan cediendo ante los intereses del mercado. Si la historia se repite, la vivienda podría dejar de ser un derecho para convertirse, una vez más, en un privilegio.
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