Con la publicación reciente en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del decreto que establece la inimpugnabilidad de las adiciones y reformas a la Constitución, el debate sobre la dirección que toma la justicia en México lejos de concluir se va intensificar
InfoStockMx.- Según el senador Ricardo Monreal, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, esta reforma reafirma la supremacía constitucional como la base del orden jurídico mexicano, consolidando un marco que, afirma, “México necesita para avanzar hacia un Estado de derecho sólido y respetado”. Sin embargo, expertos en derecho constitucional y en derecho comparado consultados, advierten sobre posibles riesgos a la independencia judicial y a los derechos ciudadanos que subyacen en estas reformas.
Supremacía Constitucional y el Derecho a la Impugnación
Uno de los aspectos más controvertidos de esta reforma es la disposición de inimpugnabilidad de cualquier adición o modificación a la Constitución. Este principio, que para Monreal refuerza el mandato popular expresado en la Carta Magna, impide que cualquier reforma o adición constitucional sea cuestionada en los tribunales. En términos internacionales, sin embargo, este tipo de limitación al derecho de impugnación suscita serias dudas sobre el equilibrio de poderes y la protección de los derechos fundamentales.
En el derecho comparado, muchos países han establecido controles judiciales sobre las reformas constitucionales, precisamente para salvaguardar el orden democrático y los derechos humanos. En Estados Unidos, la Corte Suprema tiene la autoridad para declarar inconstitucionales enmiendas que atenten contra los principios esenciales de la Constitución. En Alemania, el Tribunal Constitucional puede intervenir si una reforma vulnera el orden constitucional básico o el respeto a la dignidad humana, elementos intocables según la Ley Fundamental.
La inimpugnabilidad en México podría debilitar los mecanismos de control, un pilar de los sistemas democráticos modernos.
Reforma Judicial: Entre la Independencia y la Influencia del Poder Político
Otro aspecto fundamental de esta reforma es la instauración de Comités de Evaluación, los cuales, a partir del 4 de noviembre, emitirán la convocatoria para la elección de jueces, magistrados y ministros. En palabras de Monreal, se trata de un avance hacia “una justicia más sólida y cercana”, en la que la ciudadanía tendrá un papel más activo al elegir directamente a sus representantes en el Poder Judicial.
Si bien la participación ciudadana es esencial para fortalecer la democracia, varios analistas jurídicos han demostrado que esta elección popular va a estar dominada por el partido en el poder (Morena) y aliados, y podría comprometer la independencia judicial.
En muchos países con sistemas judiciales independientes, la selección de jueces y magistrados no está basada en la competencia electoral. Por ejemplo, en el Reino Unido, una Comisión de Nombramientos Judiciales lleva a cabo el proceso de selección basado en méritos y capacidad profesional, garantizando que las decisiones judiciales no estén sujetas a presiones populares ni políticas.
En este contexto, permitir que jueces y magistrados dependan de la aprobación electoral podría poner en riesgo su imparcialidad, ya que los jueces podrían sentirse obligados a responder a las demandas populares en lugar de apegarse exclusivamente a la ley.
Además, la “competencia electoral” entre jueces y magistrados, como señala Monreal, se aleja de los modelos internacionales de justicia que defienden la autonomía de los poderes.
El derecho comparado subraya que la justicia debe ser imparcial y, para ello, debe estar libre de presiones externas. Esto no significa una justicia desvinculada de la ciudadanía, sino una justicia fortalecida por un proceso de selección riguroso, justo e independiente de influencias políticas o populares.
Legitimidad de la Reforma Judicial en el Contexto Internacional
Monreal sostiene que esta reforma es la más profunda de los últimos 200 años, una reforma “indispensable y urgente para eliminar los lastres” dentro del Poder Judicial, y asegura que la ciudadanía “comprenderá con el tiempo que fue lo mejor”.
Sin embargo, mecanismos de consulta pública amañados y la escasa transparencia en la formulación de la reforma plantean serias dudas sobre su legitimidad democrática.
En sistemas comparados, reformas judiciales profundas —como en Canadá o Australia— se desarrollaron a partir de un proceso consultivo que incluye a expertos del sistema judicial y a la sociedad civil, garantizando con ello que los cambios respondan a una demanda ciudadana y, al mismo tiempo, protejan los principios de justicia e independencia.
En México, por el contrario, la premura en la implementación de esta reforma y la aparente falta de consenso han generado dudas entre amplios sectores de la sociedad y expertos en derechos humanos.
Monreal reconoció el “temor e incertidumbre” que sienten los ciudadanos ante esta reforma. Es cierto, existe un sentimiento de desconfianza en una medida que, pese a su envergadura, no ha sido plenamente socializada ni explicada en detalle a la población.
El déficit de justicia, que el senador cita como una motivación de la reforma, lejos de resolver problemas podría incrementarse si las modificaciones no fortalecen la transparencia y la participación inclusiva.
Estado de Derecho en Tensión
La reciente reforma constitucional y judicial en México plantea preguntas fundamentales sobre el modelo de justicia que Morena y aliados buscan implementar y los riesgos de implementar cambios estructurales sin las salvaguardas necesarias para proteger los derechos fundamentales.
En la esfera internacional, los estándares de derecho sugieren que el fortalecimiento de la justicia no depende solo de la proximidad de la ciudadanía a los procesos judiciales, sino de la preservación de la independencia y de los mecanismos de control.
La imposibilidad de impugnar modificaciones a la Constitución y el cambio en el proceso de selección de jueces conduce a México a un camino de menor control judicial y un aumento de las tensiones en el Estado de derecho.
Si no se realizan ajustes que contemplen procesos más transparentes, incluyentes y con una revisión independiente, se induce a un desequilibrio en la participación ciudadana y la protección de la independencia judicial, elementos que son esenciales en cualquier democracia moderna.
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