La aplanadora de Morena y partidos aliados van por una reforma constitucional que redefine la estructura de varios organismos autónomos, transfiriendo sus funciones a distintas dependencias federales. Legislaturas y administraciones estatales deberán armonizar su marco jurídico en consecuencia
Mexconomy – Con la promesa de generar ahorros significativos destinados al Fondo de Pensiones para el Bienestar y bajo el principio de "austeridad republicana", la reforma propone la extinción de instituciones fundamentales en la transparencia, la competitividad y la regulación económica.
Un Nuevo Orden Administrativo: ¿Fin de la Autonomía?
El proyecto de reforma modifica y deroga múltiples artículos de la Constitución Política, incluyendo disposiciones en los artículos 3°, 6, 26, 27, 28, 41, 76, 78, 89, 105, 113, 116, 123 y 134. Los cambios impactan de manera directa a organismos autónomos y reguladores como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), entre otros.
Uno de los cambios más destacados radica en la eliminación de la autonomía del INAI, cuyas funciones de protección de datos personales y acceso a la información pública pasarán a ser gestionadas por sujetos obligados y autoridades de control interno. En el caso de la Cofece y el IFT, el Ejecutivo Federal asumirá sus funciones para regular la competencia económica en telecomunicaciones y radiodifusión, concentrando en sus manos la facultad de otorgar concesiones y fijar sus contraprestaciones.
El Rol del INE y el Centro Federal de Conciliación en el Nuevo Sistema
La reforma propone también que el Instituto Nacional Electoral (INE) se encargue de regular el acceso a la información pública y la protección de datos en los partidos políticos, mientras que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral tendrá la competencia en asuntos de transparencia para los sindicatos, incluyendo la revisión de resoluciones sobre acceso a la información laboral.
Por su parte, el CONEVAL verá su rol de evaluación de políticas sociales transferido al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargado ahora de medir la pobreza y emitir recomendaciones sobre desarrollo social en coordinación con autoridades locales y federales.
Energía y Educación: Adiós a la CRE, CNH y MEJOREDU
Las reformas también eliminan la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), cuyas atribuciones serán asumidas por la dependencia federal responsable de la política energética. En educación, la desaparición de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU) implica que el Poder Ejecutivo será el encargado de coordinar los esfuerzos de mejora educativa, eliminando las estructuras autónomas que gestionaban estas tareas.
Promesa de Racionalidad y Austeridad Republicana
Bajo el artículo 134, se establecen nuevas directrices de racionalidad y austeridad, eliminando duplicidades funcionales en organismos públicos. Los recursos ahorrados con la desaparición de estos organismos serán destinados al Fondo de Pensiones para el Bienestar, mediante ajustes en la estructura pública.
Los artículos transitorios de la reforma indican que el Congreso tendrá un plazo de 90 días para ajustar las leyes pertinentes, mientras que las legislaturas estatales deberán armonizar su marco jurídico en el mismo periodo.
Menor Transparencia y Menos Competencia
La concentración de funciones en el Poder Ejecutivo plantea serios cuestionamientos sobre la autonomía y la transparencia de las decisiones en ámbitos tan sensibles como la regulación de mercados, telecomunicaciones y protección de datos.
La reforma elimina las figuras de organismos autónomos estatales que garantizaban el acceso a la información, dejando la supervisión en manos de contralorías locales, lo que podría comprometer la independencia en la protección de datos personales y la libre competencia económica.
Esta centralización podría limitar el equilibrio de poderes y disminuir la eficiencia y transparencia en sectores estratégicos para la economía. Mientras el gobierno defiende la reforma como un paso hacia la simplificación y la eficiencia administrativa, estos cambios podrían derivar en menor transparencia y afectar la competitividad.
¿Un Paso Adelante o un Retroceso?
Esta reforma constitucional promete un cambio radical en la estructura institucional de México, con el objetivo de fortalecer el presupuesto de programas sociales y reducir costos en la administración pública.
El impacto en la competitividad, la transparencia y la regulación será un tema fundamental en los próximos meses. México se prepara para un nuevo ajuste bajo un nuevo modelo de centralización del poder público, que concentra en el Ejecutivo responsabilidades antes reservadas a organismos autónomos.
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