Bajo una estrategia política que reconfigura las bases del Poder Judicial mexicano, la reciente designación de Arturo Zaldívar, exministro y otrora presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al frente del Comité de Evaluación de Candidatos del nuevo Poder Judicial, levanta suspicacias sobre el rumbo de la justicia en México.
InfoStockMx.- Zaldívar, arquitecto de la polémica reforma judicial que plantea la elección popular de jueces y ministros, asume ahora una posición estratégica en el proceso que definirá a quienes aspiran a los cargos más altos del sistema judicial. La designación, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, llega junto con la de otros personajes alineados a la administración y pone en entredicho la independencia del proceso de evaluación judicial.
Zaldívar, quien durante su paso como presidente de la Suprema Corte mantuvo una cercanía notoria con las políticas de la Cuarta Transformación (4T), parece continuar en sintonía con la misma agenda política que defendió desde la cúspide del Poder Judicial. De hecho, su vínculo con el actual gobierno fue sellado al convertirse en asesor judicial de Sheinbaum durante su campaña presidencial.
La decisión de incluirlo en el Comité de Evaluación, encargado de filtrar las candidaturas para jueces y magistrados, causa polémica tanto por el trasfondo de sus relaciones políticas como por el hecho de que varios jueces y magistrados federales lo acusan de presiones y favoritismos en beneficio de la agenda del gobierno actual.
¿Imparcialidad?
La ley establece que los miembros del Comité Evaluador de Candidatos deben cumplir con criterios estrictos para evitar sesgos, como no haber ocupado cargos de dirección en partidos políticos en los últimos tres años. Aun así, Sheinbaum designó en el mismo Comité a Javier Quijano Baz, abogado de Andrés Manuel López Obrador en el proceso de desafuero de 2005, y a otros nombres afines al régimen de la 4T. Estos perfiles minan la idea de independencia en el Comité, que ya era cuestionado desde la misma estructura de la reforma que le dio origen.
La reforma aprobada en un proceso legislativo expedito —con la aprobación mínima en los congresos locales— asegura el control del Poder Ejecutivo y el Legislativo (donde Morena es Mayoría) sobre la designación de jueces. Esto aleja al nuevo sistema de una verdadera elección popular y se convierte en una formalidad condicionada por el visto bueno de los comités de evaluación.
Contrario a lo que se prometió en la narrativa inicial, el pueblo no tendrá un papel decisivo en la selección de sus jueces, sino que verá y votará nombres ya aprobados por comités dominados y afines a Morena.
¿Evaluadores Incuestionables?
La lista de quienes evaluarán las candidaturas incluye nombres que destacan por su proximidad al régimen: además de Zaldívar y Quijano Baz, se encuentran Andrés Norberto García Repper, quien fue representante de Morena ante el Instituto Electoral de Tamaulipas; Maday Merino, quien encabezó el órgano de transparencia en Tabasco; e Isabel Romero Cruz, expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, quien enfrenta señalamientos por presunta corrupción y llegó al cargo tras la renuncia de su antecesora bajo presiones políticas.
Otros integrantes del comité han sido acusados de nepotismo y mal manejo de fondos públicos, lo que socava el espíritu de imparcialidad e integridad que la reforma dice perseguir.
¿Autonomía del Poder Judicial?
Para críticos y especialistas, el esquema actual coloca al Poder Judicial en una situación de riesgo: la influencia política directa en los procesos de evaluación compromete su independencia y permite la designación de jueces alineados al partido en el poder.
Las implicaciones de esta reforma son profundas y señalan un cambio radical para la justicia en México, en el que la autonomía del Poder Judicial parece una utopía lejana frente a la injerencia política.
Con la balanza inclinada hacia el partido en el poder y un comité que promete “imparcialidad” de papel, esta reestructuración del Poder Judicial representa no solo un cambio de fondo en el sistema de justicia, sino una fractura en el principio de autonomía judicial que, según expertos, impactará al sistema jurídico en México por años.
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