El proceso de selección judicial en México, con 18,447 aspirantes 👩⚖️👨⚖️, enfrenta retos: tiempos ajustados ⏳, inclusión limitada 🌐 y dudas sobre transparencia 🤔 Aunque promete transformación ⚖️, requiere vigilancia activa 👀 para cumplir sus objetivos
InfoStockMx.- El proceso de selección de jueces y magistrados federales en México ha marcado un periodo de controversia política en la historia democrática del país. Con un total de 18,447 personas inscritas a la fecha —6,101 mujeres, 10,862 hombres y 105 personas no binarias—, se ha destacado tanto la magnitud de la convocatoria como el interés ciudadano. Sin embargo, una mirada cercana revela retos significativos que podrían comprometer la transparencia y la equidad del proceso.
Volumen de aspirantes y tiempos insuficientes
Uno de los desafíos más evidentes radica en el número de personas registradas y el tiempo establecido para su revisión. Hasta el 14 de diciembre, el comité de evaluación deberá analizar los expedientes de todos los inscritos para verificar el cumplimiento de requisitos formales. Esto significa revisar más de 18,000 perfiles en menos de un mes.
El desglose por cargos también ilustra este reto:
- Ministros/as de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN):
- Aspirantes: 480
- Selección inicial: 90
- Insaculados finales: 27
- Sala Superior del Tribunal de Disciplina:
- Aspirantes: 333
- Selección inicial: 20
- Insaculados finales: 6
- Tribunal de Disciplina (otras salas):
- Aspirantes: 388
- Selección inicial: 50
- Magistrados/as:
- Aspirantes: 5,192
- Selección inicial: 2,700
- Jueces/as de Distrito:
- Aspirantes: 10,599
- Cargos disponibles: 2,316
En total, se busca cubrir 1,793 cargos, lo que implica seleccionar y filtrar a miles de candidatos en distintas etapas. Este volumen plantea un riesgo: si los criterios de selección no son rigurosos o si se prioriza la rapidez sobre la calidad, podría comprometerse la elección de los mejores perfiles.
Dudas sobre transparencia y criterios de selección
La numeralia descrita por el ex ministro Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea expone un problema de fondo: la alta competencia por cargos clave. En el caso de los ministros de la SCJN, por ejemplo, solo el 18.75% de los aspirantes pasará a la etapa de insaculación (90 de 480), y únicamente 27 llegarán al proceso final. Esta proporción aún más reducida se replica en otros cargos, como las vacantes de la Sala Superior del Tribunal de Disciplina, donde de 333 inscritos solo 6 serán finalistas (1.8%).
La pregunta es inevitable: ¿cómo se seleccionará a los finalistas en cada etapa? Aunque se promete transparencia, el riesgo de decisiones discrecionales aumenta en procesos con filtros tan rigurosos y poca claridad sobre los parámetros de evaluación.
Inclusión aún por demostrar
El comité que preside el ex ministro Zaldívar destacó haber brindado asistencia a personas indígenas y con discapacidad, pero no se ofrecieron cifras detalladas de cuántas lograron inscribirse ni se especificaron mecanismos para garantizar su permanencia en las etapas finales.
En un proceso que busca ser transformador, la falta de información concreta sobre la inclusión efectiva de estos sectores deja dudas sobre si se están tomando medidas suficientes para evitar su marginación.
Entrevistas públicas: un arma de doble filo
Una de las etapas más prometedoras del proceso es la realización de entrevistas o comparecencias públicas para los finalistas. Esta medida podría garantizar transparencia, pero solo si las preguntas y criterios de evaluación son consistentes y objetivos. Sin embargo, en ausencia de un monitoreo público detallado, existe el riesgo de que las entrevistas se conviertan en una formalidad, sin impacto real en las decisiones finales ya de por sí bajo sospecha de estar sesgadas a favor de Morena y aliados.
El proceso para elegir jueces y magistrados en México puede ser un avance histórico. La alta participación —con más de 18,000 inscritos y aspiraciones tan diversas como las de los 10,599 postulantes a jueces de distrito y los 5,192 para magistrados— demuestra un interés genuino de la ciudadanía. Sin embargo, la magnitud del reto también deja en evidencia sus vulnerabilidades, particularmente el sesgo ideológico o partidario que podría arrojar el resultado final. Si tal cosa sucede, en lugar de un avance, esto podría ser un grave retroceso para la justicia mexicana.
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