📜💥 En un golpe que redefine el andamiaje institucional del país, la Cámara de Diputados 🏛️ aprobó por mayoría calificada ✅ un polémico dictamen 📑 que extingue siete organismos constitucionalmente autónomos, entre ellos el INAI 🔍, el CONEVAL 📊 y la Cofece ⚖️
CDMX.- Con 347 votos a favor, 128 en contra y cero abstenciones, la decisión plantea la transferencia de sus funciones al Ejecutivo Federal, generando una tormenta política y cuestionamientos sobre los riesgos para la democracia y los derechos ciudadanos.
La reforma, presentada originalmente por el Ejecutivo Federal en febrero de 2024, promete eficiencia administrativa, austeridad y una gestión pública “más racional”. Entre sus principales disposiciones, se eliminan duplicidades funcionales y se centralizan facultades clave como la regulación energética, la supervisión de telecomunicaciones, la medición de la pobreza y la garantía del acceso a la información y protección de datos personales.
Sin embargo, la crítica ha sido contundente. Legisladores de oposición y expertos denuncian que esta reestructuración supone una concentración de poder en el Ejecutivo que compromete la independencia y eficacia de funciones que son esenciales para el equilibrio democrático y la protección de derechos ciudadanos.
Órganos extintos y sus funciones
Entre los afectados están instituciones fundamentales como:
- INAI: Suprimido bajo el argumento de trasladar sus funciones a la Secretaría de la Función Pública. Este cambio ha desatado alarma sobre la imparcialidad en la transparencia gubernamental.
- CONEVAL: La medición de la pobreza y la evaluación de políticas sociales pasan al INEGI, un organismo que carece de la autonomía para emitir recomendaciones políticas.
- IFT y Cofece: Responsables de garantizar la competencia económica y la regulación de telecomunicaciones, sus atribuciones ahora serán controladas por dependencias del Ejecutivo, lo que podría debilitar la regulación frente a intereses gubernamentales o privados.
La eliminación de estos órganos impacta derechos fundamentales. El acceso a la información pública y la protección de datos personales recaen ahora en sujetos obligados internos, cuyos controles están bajo la supervisión del Ejecutivo. Organismos de vigilancia internacionales y locales han señalado que esto vulnera principios de transparencia y rendición de cuentas.
Por su parte, la Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación será absorbida por la Secretaría de Educación Pública, lo que podría limitar la evaluación independiente del sistema educativo.
El argumento de la austeridad
El dictamen promete destinar los ahorros generados al Fondo de Pensiones para el Bienestar, pero no se han presentado estudios que detallen el impacto económico real de la medida. Para muchos, la austeridad no justifica la desaparición de instituciones que garantizan la competencia económica, la transparencia y los derechos sociales.
El proceso legislativo también ha sido criticado por la exclusión de voces. La diputada Anayeli Muñoz Moreno, de Movimiento Ciudadano, denunció que no se consultó a expertos, académicos ni a la sociedad civil. En votación económica, se desechó una moción suspensiva para abrir el debate, dejando en evidencia una prisa legislativa que levanta sospechas.
Además, el decreto establece un plazo de 90 días para adecuar las leyes secundarias, un periodo breve para asimilar un cambio institucional de esta magnitud.
La extinción de estos organismos autónomos representa un punto de inflexión para la democracia mexicana. Mientras el Ejecutivo argumenta eficiencia y centralización, la oposición advierte que esta reforma podría sentar las bases para un modelo de gobierno menos transparente, menos competitivo y más vulnerable a la concentración de poder.
El dictamen pasará ahora al Senado y, de ser ratificado, podría enfrentar impugnaciones ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La pregunta permanece: ¿será este el inicio de una administración más eficiente o de un retroceso democrático más?
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