🇲🇽💼 Reforma Judicial El INE enfrenta desafíos enormes para la elección de jueces por voto popular 🗳️⚖️ Con costos estimados en 15 mil millones de pesos 💸 y una lluvia de amparos legales 📜 la implementación de la reforma pende de un hilo 🧵 ¿Será posible llegar a la elección sin colapsar en el intento?
InfoStockMx.- La reforma al Poder Judicial que propone la elección de jueces, magistrados y ministros a través del voto popular, ha desencadenado una tormenta de retos y amparos entre las instituciones del Estado mexicano.
En el centro del debate se encuentra el Instituto Nacional Electoral (INE), que enfrenta desafíos titánicos tanto en la logística de la organización de este proceso electoral como en las controversias legales derivadas de amparos en contra de la reforma.
Uuc-kib Espadas, consejero del INE, reconoció los desafíos inéditos que plantea la organización de estas elecciones judiciales. En entrevista, destacó que la geografía electoral y la judicial no coinciden, lo que genera complejidades adicionales. Mientras que las elecciones legislativas y ejecutivas se organizan en distritos electorales establecidos, el Poder Judicial opera en circuitos judiciales con una lógica completamente diferente. De acuerdo con Espadas, esta disparidad añade dificultades que, de no resolverse, complicarían la emisión de las boletas y la logística de las elecciones.
Además, Espadas explicó que, si cada ciudadano tuviera que votar por todos los jueces con jurisdicción en su área, podría llegar a encontrarse con listas de más de 300 candidatos, algo imposible de manejar desde una perspectiva práctica, sobre todo por el tiempo que cada votante tomaría para sufragar. “Eso sería materialmente imposible”, afirmó, subrayando la necesidad de ajustar las circunscripciones para evitar una elección inabarcable.
Otra de las preocupaciones del INE, es el costo de la elección. Espadas estima que podría ser hasta un 50% más cara que la elección federal reciente, alcanzando cifras que oscilan entre los 13 y 15 mil millones de pesos, una cifra alarmante considerando las presiones económicas actuales del país.
Desafío legal: amenazas y sanciones
Pero los problemas para el INE no se limitan a lo organizativo. Un nuevo frente legal se abrió con la amenaza de un juez federal de Colima, quien lanzó un ultimátum al Consejo General del INE. El juez Francisco García Contreras, del Juzgado Segundo de Distrito en Colima, exigió que el INE detenga inmediatamente los preparativos para la elección judicial de 2025, bajo amenaza de imponer una multa de 54,285 pesos a cada uno de los consejeros si no acatan la suspensión provisional que él mismo dictó.
El conflicto legal nace de una demanda de amparo promovida por la Fundación Iris en Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, que argumenta que la reforma constitucional que permite la elección popular de jueces y magistrados es inconstitucional. Si bien la Suprema Corte de Justicia ha sostenido que el amparo contra reformas constitucionales es improcedente, varios jueces han comenzado a tramitar demandas en contra de la reforma, generando un ambiente de incertidumbre.
La suspensión dictada por el juez de Colima, y ratificada por el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, ordena al INE abstenerse de implementar cualquier preparación para el proceso electoral judicial. Esto incluye la prohibición de emitir acuerdos sobre la organización y vigilancia del proceso, así como impedir que el Senado publique la convocatoria para la elección, programada para el 16 de octubre. Además, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) debe detener cualquier plan para transferir recursos a los nuevos órganos de administración y disciplina judicial creados por la reforma.
Reforma judicial: incertidumbre y costos al alza
La magnitud de esta reforma, que se propone transformar la manera en que se eligen los miembros del Poder Judicial, está empantanada en una maraña de complejidades técnicas y conflictos legales. El INE, encargado de llevar a cabo el proceso, está atrapado entre la presión legal y los retos operativos, mientras que las instituciones judiciales y legislativas también enfrentan tensiones que han escalado de lo estrictamente legal a lo político.
El costo económico, las implicaciones políticas y los conflictos entre diferentes poderes del Estado podrían convertir esta reforma en uno de los temas más controvertidos de la administración actual.
Con una elección judicial que promete ser más cara y compleja que las elecciones federales tradicionales, y una batalla legal en curso, el futuro de esta reforma sigue colgando de un hilo.
La pregunta que muchos se hacen es: ¿Será posible implementar una reforma de tal magnitud sin que las instituciones colapsen en el intento?
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