La nueva reforma judicial podría costar 6300 millones de pesos si jueces y magistrados no son reelectos o deciden no participar 💼💰 Las elecciones populares para el Poder Judicial traerán complicaciones económicas en 2025. #ReformaJudicial #JusticiaMX #Economía 📊
Mexconomy.- La nueva reforma judicial en México, que permitirá la elección popular de jueces y magistrados a partir de 2025, plantea serios retos financieros. De acuerdo con cálculos de Mexconomy, el costo de liquidar a aquellos jueces y magistrados que no sean reelectos o decidan no participar en las elecciones podría ascender a casi 6300 millones de pesos.
La reforma judicial, aprobada en septiembre de 2024 y promulgada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, establece que los jueces y magistrados que no resulten electos en las próximas elecciones de 2025 deberán recibir una liquidación conforme a ley. Esto implica tres meses de sueldo más quince días por año de servicio, lo cual, en su totalidad, podría sumar una cantidad cercana a 6300 millones de pesos.
Detalles
El monto previsto abarca las 32 entidades federativas y considera el total de jueces y magistrados activos en el país. Según datos del INEGI al cierre de 2021, el Poder Judicial de la Federación contaba con 53,160 servidores públicos, distribuidos entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal (TEPJF) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
Ante este escenario, es probable que gran parte de jueces y magistrados opten por jubilaciones anticipadas o renuncias, evitando el proceso electoral. Esto podría generar una reconfiguración importante del sistema judicial, afectando tanto su estructura como la logística del proceso de renovación.
Retos Logísticos
Además, la logística de las elecciones populares para jueces y magistrados presenta desafíos.
No solo será complicado gestionar un proceso electoral a nivel nacional para estos cargos, sino que el impacto económico y la reorganización del sistema judicial en México podrían generar tensiones adicionales, tanto dentro del Poder Judicial como en el ámbito político y social.
La reforma judicial, que promete mayor participación ciudadana en la elección de jueces y magistrados, también conlleva un alto costo económico. Con casi 6300 millones de pesos en juego, más el costo del proceso electoral en 2025, la estructura del sistema judicial mexicano se verá seriamente afectada, tanto por su impacto logístico como financiero.
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