📉 La Reforma Judicial en México anuncia una crisis en el sistema de justicia: caídas que alcanzarán hasta el 50% en la atención de asuntos judiciales y una lenta recuperación a partir de 2025 📅⚖️ El costo por caso sigue entre los más altos del mundo 💸
La Reforma al Poder Judicial en México promete desencadenar una crisis que afectará profundamente la impartición de justicia en los próximos años. El sistema, que ya enfrenta problemas de eficiencia, verá su capacidad reducida gradualmente hasta la mitad a partir de enero de 2025, afectando a millones de ciudadanos.
La pregunta no es si la justicia mejorará, sino hasta qué punto empeorará antes de recuperarse.
Con una capacidad promedio de 617 mil asuntos judiciales mensuales en la actualidad, el sistema sufrirá una caída del 9% mensual desde agosto de 2024, para luego desplomarse hasta alcanzar un 50% en enero de 2025.
Esta debacle es solo el comienzo de una lenta recuperación que tardará -en el mejor de los casos- más de dos años, hasta junio de 2026, cuando el sistema vuelva a niveles previos.
La crisis se profundiza cuando se considera que México ya gasta 10,574 pesos por asunto, una cifra desmesurada para un sistema ubicado en el puesto 42 en eficiencia judicial a nivel mundial.
Un sistema costoso e ineficiente
La lentitud y el alto costo por asunto judicial en México es una señal de advertencia que no puede ignorarse. Con más de 7 millones de casos anuales y un presupuesto de 78,327 millones de pesos, el Poder Judicial mexicano se ha convertido en uno de los más caros del mundo, sin que esto se refleje en una mejora en la eficiencia o la calidad de la justicia impartida.
Países como Finlandia o Singapur invierten significativamente menos y obtienen mejores resultados. Incluso, comparado con Ucrania y Panamá, México apenas se distingue en términos de eficacia.¿Soluciones o más problemas?
La elección popular de jueces y magistrados, que -de aprobarse la reforma al Poder Judicial esta semana- iniciará en julio de 2025, está lejos de ser la panacea que se espera.
Aunque la medida apunta a democratizar la selección de funcionarios judiciales, plantea nuevos problemas: la capacitación de jueces inexpertos, los riesgos de politización del Poder Judicial y la posibilidad de que los problemas de corrupción se profundicen.
El sistema enfrentará años de incertidumbre y parálisis, con consecuencias imprevisibles para los ciudadanos que dependen de la justicia.
Un sexenio muy comprometido
Con el inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum en octubre de 2024, prácticamente la mitad de su sexenio estará marcado por una crisis judicial sin precedentes.
La reforma, como está planteada, lejos de ser una solución, profundiza las debilidades de un sistema que, además de costoso, es ineficiente y vulnerable a los rezagos.
Durante este período, es probable que el rezago judicial crezca, afectando no solo la resolución de casos, sino también la percepción pública de un sistema que será visto como incapaz de proporcionar justicia pronta y expedita.
¿Crisis Judicial?
Todo parece indicar que la Reforma al Poder Judicial en México está condenada a generar una crisis de largo plazo en la impartición de justicia.
La caída del 50% en la capacidad de atención judicial, sumada a los costos desproporcionados y la baja eficiencia, pone en riesgo la estabilidad del sistema y, lo más preocupante, deja a millones de ciudadanos sin acceso adecuado a la justicia.
La recuperación será lenta y estará marcada por una administración judicial vulnerable, que, en lugar de avanzar hacia la modernización, enfrenta un futuro incierto.
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