La reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dado un paso crucial: en tan solo 24 horas, fue avalada por 18 congresos estatales, cumpliendo el requisito necesario para que el mandatario pueda promulgarla.
CDMX.- A partir de 2025, los jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia serán elegidos mediante voto popular, un cambio que podría alterar de manera significativa el sistema judicial mexicano.
Este avance legislativo ha despertado tanto entusiasmo como preocupación.
Mientras sectores afines al gobierno celebran el acceso del pueblo al poder judicial, organismos internacionales como la ONU y Human Rights Watch han alertado sobre los riesgos de esta reforma, señalando la posible intervención del Ejecutivo y de grupos del crimen organizado en las elecciones de los jueces.
Aprobación Express
El Senado de la República aprobó la reforma judicial con 86 votos a favor, los dos tercios necesarios para una modificación constitucional, apenas una semana después de que la Cámara de Diputados diera su visto bueno.
De manera sorprendente, en menos de 21 horas, 18 congresos estatales ya han ratificado la iniciativa, superando el mínimo requerido para su promulgación.
Guerrero se convirtió en la madrugada en el decimoséptimo congreso en aprobar la reforma, mientras Zacatecas otorgaba la última ratificación necesaria con una votación de 17 votos a favor y 12 en contra.
Además de Guerrero y Zacatecas, otros estados que aprobaron rápidamente la reforma incluyen Oaxaca, Tabasco, Veracruz, Morelos, Puebla y Sinaloa, entre otros.
Estas aprobaciones se dieron pese a protestas organizadas por trabajadores del Poder Judicial, quienes intentaron bloquear las votaciones en algunos congresos locales, como en Puebla y Yucatán.
La Oposición
A pesar del apoyo en los congresos, la reforma no está libre de controversia. La oposición ha sido fuerte en estados como Querétaro, donde la reforma fue rechazada. Además, diversas organizaciones internacionales y socios comerciales de México, como Estados Unidos, han expresado su preocupación por las posibles consecuencias de esta medida.
Entre los puntos más preocupantes se encuentra la posibilidad de que el crimen organizado o intereses políticos influyan en las elecciones de jueces, lo que podría comprometer la independencia del Poder Judicial.
El tiempo dirá si esta transformación traerá más transparencia o si podría debilitar una de las instituciones más importantes del país.
Con la ratificación de la reforma judicial, la justicia en México se enfrenta a un futuro incierto en el que los jueces serán elegidos por voto popular.
La medida promete acercar al pueblo a la justicia, pero también genera preocupaciones sobre la politización del Poder Judicial. Las próximas elecciones de jueces, programadas para 2025, definirán el verdadero impacto de esta histórica decisión.
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