El siguiente paper fue presentado a un grupo del sector privado a principios de mes, hoy publicado con su autorización es un análisis riguroso de la transformación política y estructural del Estado mexicano tras la elección de Claudia Sheinbaum. El trabajo explora cómo la sucesión en los ámbitos presidencial, militar y criminal está llevando a México hacia un Estado iliberal. El análisis profundiza sobre los efectos de la militarización de funciones civiles, la corrupción sistémica y la infiltración del crimen organizado en las instituciones gubernamentales, destacando los riesgos que estos factores representan para la gobernabilidad y la estabilidad futura del país. Dirigido al sector privado de la economía, este estudio ofrece una mirada informada y crítica sobre el futuro de México, con el fin de proporcionar un contexto útil para la toma de decisiones estratégicas.
Introducción
La sucesión política en México, marcada por la elección de Claudia Sheinbaum, hoy presidenta electa, ha desatado una serie de cambios profundos que están reconfigurando la estructura del Estado mexicano. Este proceso de transformación, que también involucra una sucesión en las Fuerzas Armadas y en el liderazgo de poderes de facto, como el crimen organizado, está conduciendo al país hacia una peligrosa evolución definida como un Estado iliberal. Para efectos de este análisis, dejaremos de lado la Reforma al Poder Judicial y el tema de la Sobrerrepresentación en el Poder Legislativo. Examinaremos cómo se están entrelazando las tres sucesiones más importantes (presidencial, militar y criminal) y el impacto que están teniendo en el futuro político de México.
Sucesión Militar: Consolidación de Poder
Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, México experimentó una notable militarización de funciones civiles. Además de la Guardia Nacional, otras áreas tradicionalmente bajo control civil, como las aduanas y los puertos, fueron transferidas al Ejército y la Marina, respectivamente. Esta militarización no fue solo un cambio administrativo, sino un movimiento estratégico que otorgó a las Fuerzas Armadas un poder sin precedentes en la historia reciente del país.
El general Luis Cresencio Sandoval, actual secretario de la Defensa Nacional, ha sido una figura central en esta consolidación del poder militar. Sandoval ha intentado no solo mantener el control del Ejército, sino—como verdadero estratega—también ha expandido su influencia en los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal). Su control es absoluto en la Fuerza Aérea Mexicana y tiene una marcada influencia en la Marina, Armada de México. Su nivel de poder real es tan grande, que solo por formalismos se le puede considerar ligeramente menor al del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
Ese enorme poder está generando tensiones no solo dentro de la sucesión del poder civil y el militar, sino más allá. La cúpula militar representada por el general Luis Cresencio Sandoval mantiene tenazmente frente a Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta electa, la propuesta de integrar a la Marina bajo un Estado Mayor Conjunto controlado por la Secretaría de la Defensa, en un intento claro de centralizar el mando militar, similar a la estructura del Pentágono en Estados Unidos. Además, ha propuesto una terna para el cargo de "Secretario del Estado Mayor Conjunto", tras conocer que no repetiría en el cargo. En este caso, evidentemente el mando sería militar y no civil.
La sucesión del Poder Militar ha complicado la reestructuración del Poder Ejecutivo que la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, ha contemplado con el presidente actual, Andrés Manuel López Obrador. La élite del Poder Civil mantiene una certeza en este contexto: si la intención de ampliar el poder militar prospera, será en detrimento de las estructuras civiles. Esto tensa dramáticamente la gobernabilidad en México. El poder presidencial estaría realmente observado y acotado por un poder que, en teoría, debería mantenerse bajo su mando.
Narcotráfico y Corrupción: La Sucesión Subterránea
La reciente "extracción" de Ismael "El Mayo" Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, hacia las autoridades de Estados Unidos, y las revelaciones de Zambada sobre sus nexos con el Gobierno de Sinaloa, subrayan y ofrecen evidencia de la profunda infiltración del crimen organizado en estructuras del Estado. Pero esta no es una situación aislada. Como objeto de estudio se debe observar la perspectiva de décadas de corrupción que han permitido al crimen organizado tejer una red de influencia dentro de instituciones gubernamentales en todos los niveles de gobierno.
¿Por qué? La corrupción, como fenómeno acumulado, ha debilitado poco a poco, pero significativamente, a varias instituciones civiles. Hoy en día, esto ha derivado en que el crimen organizado pueda operar y extenderse con marcada impunidad. Este fenómeno ha escalado hasta "poner en jaque" a la seguridad pública y ha erosionado la confianza en las instituciones, comprometiendo la capacidad del Estado para actuar de manera autónoma y legítima en su contra. Por ello, la lucha contra el narcotráfico, prácticamente ausente en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no puede verse bajo el cristal de la “seguridad”, sino que constituye un desafío de carácter existencial para la soberanía del Estado Mexicano.
Hacia un Estado Iliberal
La confluencia de estos factores—militarización, corrupción y la infiltración del crimen organizado—en un contexto de control legislativo absoluto y el debilitamiento de la independencia del Poder Judicial, está impulsando a México hacia un Estado iliberal. Esto es, un sistema donde, aunque se mantengan ciertas formas democráticas, el poder se centraliza, los derechos civiles se erosionan y el uso de la fuerza se convierte en una herramienta predominante de control.
Este tipo de Estado iliberal se caracteriza, finalmente, por una estructura autoritaria que, si bien puede preservar la apariencia de una democracia funcional, en realidad limita la participación política efectiva y concentra el poder en manos de un grupo.
Este proceso de “transformación” es peligroso, no solo por sus implicaciones para la democracia mexicana, sino también porque representa un riesgo significativo para la estabilidad y las inversiones privadas a largo plazo en el país.
Un Estado iliberal, compartido por una combinación de poder militar y criminal, es inherentemente frágil y propenso a conflictos internos. Progresivamente, este modelo de gobierno tiende a exacerbar la desigualdad y la injusticia, lo que a su vez puede alimentar la inestabilidad económica, social y política.
Toma de Decisiones Críticas
Para aquellos encargados de tomar decisiones, es crucial reconocer esta tendencia como una advertencia sobre el rumbo que está tomando México.
La militarización del Estado y la infiltración del crimen organizado, facilitadas por la corrupción, están creando un entorno donde el poder civil está cada vez más subordinado.
Este proceso de transformación hacia un Estado iliberal plantea serias preguntas sobre el futuro de la democracia en México y requiere una respuesta estratégica y coordinada, hoy inexistente, para revertir estas tendencias antes de que se consoliden de manera irreversible.
Las decisiones que en estos días críticos asuma la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, determinarán si México puede recuperar su camino hacia un Estado democrático o si, por el contrario, continuará en su peligrosa ruta hacia un Estado iliberal.
Gracias a RIMS, por permitir la publicación parcial de este texto dirigido al sector privado.
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