🔍 Abogados fiscalistas cuestionan el aumento de bienes del Gobernador Samuel García de Nuevo León, señalando posible enriquecimiento ilícito 🏛️ Urge dictamen de evolución patrimonial para verificar la legalidad de sus ingresos como servidor público, alertan 📑💼

Ciudad de México.- Abogados fiscalistas han expresado su preocupación ante el incremento de bienes del Gobernador de Nuevo León, Samuel García, considerando que este aumento es difícil de explicar a la luz de sus ingresos como servidor público.

Expertos en derecho han instado a la Fiscalía de Nuevo León a realizar un dictamen exhaustivo de la evolución patrimonial del mandatario para determinar la legalidad de sus ingresos y descartar actividades irregulares o "moches".

El abogado Ilan Katz señaló que, a simple vista, la evolución patrimonial de Samuel García podría configurar un caso de enriquecimiento ilícito. "No necesariamente estoy acusando al Gobernador, pero parece que estamos ante un caso de enriquecimiento ilícito", afirmó el especialista.

Por su parte, Antonio López, fundador del bufete Antonio López & Asociados, especializado en Derecho Penal y delitos de "cuello blanco", planteó la necesidad de que el dictamen contenga información detallada no solo sobre las finanzas personales del Gobernador, sino también sobre las personas morales con las que tenga relación.

López advirtió sobre la posibilidad de delitos como el uso ilegal de atribuciones y facultades, así como la adjudicación irregular de contratos y permisos que podrían favorecer a empresas fantasma, comprometiendo la competitividad estatal.

Grupo Reforma reveló recientemente que 18 meses después de asumir el cargo, Samuel García adquirió un predio de 17.6 hectáreas en San Pedro, valorado en más de 700 millones de pesos, para construir una mansión. García ha admitido la posesión del inmueble, alegando que fue otorgado como dación de pago por servicios prestados por el despacho jurídico SAGA Tierras y Bienes Inmuebles, del cual es copropietario junto a su padre, Samuel García Mascorro.

Antonio López, quien también es especialista en litigar delitos fiscales y financieros, recomendó un dictamen de evolución de bienes que incluya aspectos financieros, corporativos, fiscales y patrimoniales. "Es crucial determinar los ingresos reales del servidor público y revisar sus declaraciones fiscales desde antes de asumir el cargo", explicó López, subrayando la importancia de investigar las sociedades en las que García tenga intereses.

Este caso ha generado un intenso debate sobre la transparencia y la rendición de cuentas de los servidores públicos, destacando la necesidad de una investigación rigurosa para salvaguardar la integridad de las instituciones y la confianza ciudadana en el gobierno.

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