Horacio De la Cruz S.
| @hcsblogEn medio de discrepancias legislativas y una evidente falta de transparencia, el debate en torno al manejo de los fondos de pensiones ha alcanzado un punto álgido. La reciente controversia surgida por el dictamen sobre la ley para el Fondo de Pensiones para el Bienestar ha expuesto las grietas en el sistema legislativo y ha sembrado desconfianza en la gestión gubernamental.
El incidente de las discrepancias entre el texto aprobado en comisiones el 15 de abril y el publicado en la Gaceta Parlamentaria dos días después no puede ser simplemente desestimado como un "error", a la manera de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján.
Más de diez discrepancias con el texto original aprobado no pueden ser pasadas por alto como simples "fallas administrativas". Este lapsus, inducido con toda intención, evidencia interrogantes fundamentales sobre la integridad del proceso legislativo que operó el diputado Ignacio Mier Velazco.
Sin embargo, más allá de los "errores" legislativos, el trasfondo del debate revela una falta generalizada de confianza hacia el gobierno y -ahora- hacia las entidades financieras privadas.
La opacidad en torno a las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) ha alimentado la desconfianza. De acuerdo con fuentes oficiales, las Afores no han devuelto al IMSS más de 40 mil millones de pesos de cuentas de pensiones inactivas.
En el caso de Banco Azteca de Ricardo Salinas, el Gobierno federal exhibió a Azteca por quedarse con el 98.9% de la bolsa que administra. Es decir, la empresa de Ricardo Salinas Pliego transfirió al IMSS sólo 19.73 millones, pero mantiene en su Afore mil 780 millones de pesos.
El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a Grupo Salinas de incumplir con los traspasos y usar a la concesionada TV Azteca para descalificar la reforma impulsada por el Gobierno para que ese dinero pase al nuevo Fondo de Pensiones para el Bienestar.
El debate entre las Afores y el gobierno apenas comienza, pero es crucial que se restablezca la confianza en el sistema de pensiones. Esto requiere no sólo una mayor transparencia por parte del gobierno en sus acciones, sino también una rendición de cuentas por parte de las entidades financieras privadas. Las irregularidades detectadas, como el presunto incumplimiento de traspasos por parte de ciertas Afores privadas, deben ser investigadas a fondo y sancionadas si se confirman.
Hay más ruido que información. Nuevamente estamos ante un escándalo en crescendo donde el sector privado es demonizado y el gobierno "impoluto" es santificado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, todo un especialista en polemizar pero pésimo en administrar.
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