¡Escándalo en el gobierno estatal de @nuevoleon de @samuel_garcias! 💸💼 Triangulación millonaria entre empresas vinculadas al gobernador y su familia levanta sospechas de corrupción 🤔 ¡Urge investigación a fondo! 🕵️‍♂️🔍

Monterrey, N.L.- En una investigación periodística que ha generado conmoción en el ámbito político y empresarial de Nuevo León, se ha descubierto que una empresa proveedora vinculada al gobierno del estado ha canalizado más de 200 millones de pesos a un despacho jurídico asociado al gobernador Samuel García y su padre.

Este entrelazamiento de contratos entre empresas ha abierto interrogantes sobre posibles conflictos de interés y malversación de fondos públicos.

Desde el inicio de la administración estatal de Samuel García en octubre de 2021, se ha implementado una maniobra que involucra a dos empresas: Suministro MYR y Proveedor de Productos Mexicanos Jace.

La primera ha obtenido contratos millonarios con el gobierno, facturando alrededor de 964.7 millones de pesos por servicios de alimentación en diversos ámbitos gubernamentales.

A su vez, Suministro MYR ha transferido 237.2 millones de pesos a su supuesta empresa "hermana", Proveedor de Productos Mexicanos Jace, bajo el pretexto de servicios de administración corporativa.

Lo más alarmante es que esta última empresa, Proveedor de Productos Mexicanos Jace, ha transferido 202.9 millones de pesos hacia el despacho jurídico "Firma Jurídica y Fiscal Abogados", del cual el gobernador Samuel García es parte y recibe ingresos.

Estos pagos se han hecho bajo el concepto general de honorarios por servicios profesionales, sin especificar la naturaleza de dichos servicios.

Los documentos revelan que estas transacciones comenzaron apenas 11 días después de que García asumiera la administración del estado.

A pesar de las solicitudes de transparencia e investigaciones periodísticas, las autoridades locales han negado el acceso a información relevante sobre las sociedades civiles vinculadas al gobernador y su familia. Sin embargo, se ha confirmado que el despacho jurídico en cuestión fue fundado por Samuel García y su padre en 2014.

El entramado de empresas no termina aquí. Suministro MYR, con sede en Tabasco, fue adquirida en 2014 por José Antonio Álvarez López, quien luego incorporó a su hija como accionista (dos años más tarde ingresó como accionista Mariana Álvarez Ibarra, hija de Álvarez López). Aunque inicialmente su actividad comercial era diversa, posteriormente se enfocó en servicios de alimentación, especialmente en comedores industriales y el sector público.

El traslado del domicilio de MYR a Monterrey en 2020, aunque registrado oficialmente en 2022, plantea más preguntas sobre la transparencia de estas operaciones. MYR ya había sido proveedora de servicios durante la administración anterior.

Estos hallazgos ponen en entredicho la integridad y la transparencia de los procesos de contratación del gobierno estatal. La triangulación de fondos entre empresas vinculadas a altos funcionarios políticos plantea serias dudas sobre posibles conflictos de interés y malversación de fondos públicos.

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