Horacio De la Cruz S.

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En medio de las afirmaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la necesidad de involucrar a las Fuerzas Armadas en la ejecución de obras públicas para erradicar la corrupción, surgen críticas y cuestionamientos sobre la verdadera efectividad de esta estrategia.

El presidente justifica la entrega de obras a las Fuerzas Armadas como una medida necesaria para transformar el país y combatir la corrupción. Sin embargo, estas afirmaciones plantean interrogantes sobre si esta decisión realmente ha contribuido a esos objetivos o ha exacerbado los problemas existentes

López Obrador, en un tono defensivo, argumenta que al asumir el Gobierno encontró un "elefante" reumático que debió "parar y empujar" para que funcionara. En realidad ese elefante ahora camina menos, es más obeso y tiene problemas de salud más graves.

Sin embargo, lo que ya es una losa muy pesada es la falta de transparencia en la selección de las Fuerzas Armadas como socios preferenciales en proyectos clave. ¿Es realmente la única alternativa, o se trata de una decisión basada en compromisos presidenciales y políticos, más que en criterios técnicos y de eficiencia o de combate a la corrupción?

El presidente presume de las obras realizadas por ingenieros militares, destacando aeropuertos y proyectos emblemáticos. Pero, ¿es esta la solución sostenible para el país? La falta de licitaciones competitivas y la concentración de poder en manos de las Fuerzas Armadas levantan sospechas sobre la equidad y la efectividad de estas iniciativas. Más todavía, los proyectos entregados a militares significarán para los siguiente años (décadas prácticamente) una onerosa carga para las finanzas del Estado mexicano.

Ahora, el anuncio de que las Fuerzas Armadas se encargarán del mantenimiento de carreteras, especialmente aquellas afectadas por el Tren Maya, genera dudas y críticas adicionales. ¿Es esta la mejor asignación de recursos y responsabilidades, o es una concentración excesiva de poder y tareas en manos militares mientras el país se desangra -textualmente- a manos del crimen organizado?

Más todavía, el titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, revela que el Ejército se encargará de la remodelación de un estadio de béisbol en Mérida.

Esta expansión de funciones militares plantea dudas sobre la línea que separa la misión principal de las Fuerzas Armadas, de sus nuevas responsabilidades civiles.

Mientras el presidente López Obrador defiende la participación activa de las Fuerzas Armadas en proyectos de construcción, la falta de transparencia, competencia y la creciente militarización de tareas civiles firman el final de su administración sexenal.

¿Estamos realmente presenciando una “transformación” positiva o, en cambio, la consolidación de un poder que podría tener consecuencias imprevistas para la democracia y la verdadera lucha contra la corrupción en México?

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