La llegada de la ministra Lenia Batres a la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha marcado un nuevo capítulo de desajustes en la institución.

Ciudad de México.- No solo solicitó personalmente una reducción salarial y la eliminación de prestaciones, sino que también instó a los colaboradores de su ponencia a seguir su ejemplo.

En un hecho sin precedentes, la ministra Batres ha solicitando a sus colaboradores que renuncien voluntariamente a diversas prestaciones laborales, como el seguro de gastos médicos mayores y el seguro de separación individualizado.

Según fuentes internas, aquellos que aceptaron esta petición firmaron un consentimiento, mientras que quienes se negaron tuvieron que presentar su renuncia.

Desde su ingreso en enero, 16 funcionarios de la ponencia han renunciado, incluyendo 10 secretarios de Estudio y Cuenta.

Esta iniciativa ha generado sorpresa y controversia, especialmente considerando que la ministra heredó al equipo técnico de Arturo Zaldívar, cuyos conocimientos estaban centrados en derechos humanos, género, y las áreas civil y penal.

Ante las críticas, un portavoz de la ministra afirmó que los "ajustes" se hicieron para incorporar abogados especializados en materia administrativa y laboral, correspondientes a los casos que la jueza manejará en la Segunda Sala del Supremo Tribunal de México.

La solicitud de la ministra Batres de equiparar su sueldo al del presidente López Obrador y su inclusión al ISSSTE, sistema de salud público para funcionarios, fue denegada. Sin embargo, expertos sostienen que sí podría devolver parte de su salario para equipararse al ingreso del presidente.

Las renuncias y cambios en la ponencia de Batres incluyen a Alejandra Spitalier, coordinadora de la ponencia de Zaldívar, así como a otros secretarios de Estudio y Cuenta.

Entre los nuevos perfiles contratados destacan Humberto Jardón Pérez, exdirector Jurídico de la Secretaría de Gobierno de Ciudad de México, y Julio César Medellín Cázares, ex coordinador Jurídico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de Ciudad de México.

Esta drástica desbandada en la Suprema Corte comienza a plantear preguntas sobre las posibles repercusiones en la administración de justicia en el país.

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